El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, cuestionó el domingo que la Fiscalía no le notificó la decisión de congelar sus cuentas bancarias y bienes, algo que la titular del ministerio Público anunció a través de su cuenta de Twitter, reseña Associated Press.
“A mí no me ha llamado la Fiscalía para ningún caso. Me enteré (de la medida) porque (mis) amigos leyeron un tuit de la fiscal que, por cierto, muy cibernética, se dedica a anunciar sus decisiones judiciales a través de la red”, sostuvo Miguel Henrique Otero en un video publicado en la jornada por El Nacional en su página de internet.
La acción pretende “la congelación de cuentas, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles del editor del diario El Nacional… a propósito de la investigación que se le sigue por una demanda del ex alcalde (de Caracas), Alfredo Peña”, anunció el sábado Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República.
A Otero lo investigan por adeudarle supuestamente tres millones y medio de dólares al ex dirigente de la capital venezolana. Los detalles de esa deuda se desconocen.
El editor y accionista mayoritario de El Nacional, diario crítico al oficialismo, calificó la medida de la Fiscalía como “un atropello a la libertad de expresión”, y se comprometió a informar de su caso a la opinión pública “cuando tenga acceso al expediente”.
El director del no estatal Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, calificó de “grave” el anuncio de la Fiscal y dijo que le preocupa que el oficialismo esté “utilizando los tribunales y al ministerio público como un baipás (o conducto) para atacar a los medios” opositores.
“Me preocupa mucho que no se respete el derecho al debido proceso, que se están tomando acciones que no llevan sino al cierre de medios… son hechos dirigidos a censurar y poner un bozal (o mordaza) para que no se digan las cosas”, agregó en diálogo telefónico con The Associated Press.
Tinedo, quien no ha hablado con Otero, espera que la medida de la Fiscalía no afecte a El Nacional. “La empresas no son responsables de las acciones de sus directivos o propietarios”, subrayó.
La concentración mediática en manos del oficialismo venezolano es altísima. Y desde épocas del fallecido Hugo Chávez, el gobierno ha cerrado medios críticos venciéndolos en los tribunales o ahogándolos económicamente.
El canal privado RCTV cesó sus trasmisiones por televisión en 2007 luego de que el gobierno no le renovara la licencia de operación, al acusarle de fomentar actos golpistas. En 2011, las directivas de Globovisión pagaron una millonaria multa para evitar el embargo de sus bienes tras ser enjuiciados por hacer apología del delito durante una trasmisión. Azuzados por la crisis, esta cadena fue vendida hace unos pocos meses a un empresario.
AP