La cúpula de la Iglesia Católica de Venezuela y el Vaticano presionan al gobierno de Nicolás Maduro para lograr la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados.
Pablo Gámez/ Radio Nederland (RNW)
“Abrigamos esperanzas sobre posibles resultados en los próximos días”, responde Edgar Zambrano, Vicepresidente del Partido Acción Demócrata de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional. Zambrano se refiere a la situación de los exiliados y presos políticos en su país: “Nuestra iniciativa ha tenido cierto eco en el Poder Ejecutivo”, agrega en tono cauteloso.
Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Zambrano se ha comprometido con la situación “insostenible”, según sus palabras, “de los presos políticos privados de su libertad en Venezuela, y los que han tenido que salir por razones políticas”.
Según Zambrano, “la cifra de presos y exiliados por motivos políticos en Venezuela es de 235 personas”. La mayoría de ellos son los detenidos tras los acontecimientos ocurridos el 11 de abril de 2002, cuando tuvo lugar una intentona para derrocar al entonces presidente Hugo Chávez Frías.
“Se han venido producido una serie de liberaciones dentro de ese grupo, pero le aclaro que el número de exiliados es infinitamente mayor al número de quienes están en prisión. Hablamos de miles. Y también se han venido consumiendo nuevos encarcelamientos”, aclara Zambrano.
Es el caso de Victor Manuel García, editor de informecifras.com; Leocenis García, de Sexto Poder; y de Miguel Henrique Otero, de El Nacional.
“Desde el punto de vista de lo que es la libertad de expresión y el libre ejercicio de quienes trabajan en los medios de comunicación, ha sido bastante dificultoso en los últimos tiempos. Son sometidos a persecuciones judiciales. Los tres casos ilustran el pulso que hay desde la prensa crítica hacia el gobierno. Cuestionar los postulados del gobierno de Nicolás Maduro acarrea indebidamente consecuencias en este tipo de regímenes”, dice Zambrano.
Optimismo moderado
Distintos sectores opositores al gobierno de Maduro esperan que en los próximos días se concrete, finalmente, el encuentro entre el mandatario y la cúpula de la Iglesia Católica venezolana, propuesta como principal mediadora de un diálogo nacional.
“Entre más inmediata sea esa reunión, más esperanzas hay para los enfermos presos y el regreso de los exiliados que quieren enterrar sus muertos o conocer a los nuevos integrantes de sus familias.
Recordemos que allí hay compatriotas que sufren enfermedades terminales, solicitando de manera reiterada ante los tribunales de la causa medidas humanitarias, denegadas de forma sistemática. Lo que constituye una violación al legítimo derecho a la defensa, el debido proceso y a sus derechos humanos”, explica Zambrano.
Fue en noviembre de 2012 cuando se empezó a dar forma a la convocatoria de un Diálogo Nacional. De hecho, la idea fue ventilada por Hugo Chávez después de las elecciones de octubre de ese año.
El ex presidente comisionó al entonces Canciller y vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, y a la Procuradora General, Cilia Flores, para sostener una reunión de trabajo y realizar un inventario de cada una de las situaciones de carácter jurídico que pesan sobre los que están en el exilio y los que se encuentran presos.
En ese momento, la Procuradora explicó que “quienes están listados como presos políticos son personas que han sido juzgadas por delitos comunes, como la estafa, el narcotráfico y el homicidio.”
El 23 de octubre de 2012, Hugo Chávez llegó a decir que los “políticos presos” que padecían alguna enfermedad merecían beneficios penitenciarios independientemente del delito que hubieran cometido y solicitó a los jueces proceder en consecuencia. Un año antes, Chávez sostuvo que “en Venezuela no hay presos políticos. Hay algunos políticos presos, eso es otra cosa”.
Una agenda para la liberación
Zambrano explica que en conversaciones con el Presidente Maduro se han fijado algunas fechas para trabajar en la agenda de la liberación de los presos y el posible regreso de los exiliados. “Pero hasta ahora eso no se ha concretado. Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo de reunirse con los pastores de la Iglesia nos obliga a ser optimistas.”
Los casos tienen tres vías para resolverse: Una ley de amnistía nacional y reconciliación política consignada en la Asamblea Nacional; las facultades del Presidente de la República, de carácter constitucional, para resolver; y los tribunales de la causa.
Una señal para la reconciliación
Los sectores opositores a la administración de Maduro esperan que el diálogo nacional pueda iniciarse con la liberación de presos y el regreso de exiliados. Equivaldría, dicen, al reconocimiento del otro.
“Es que Venezuela está obligada a un diálogo”, explica el legislador Zambrano. “Al reconocimiento del otro.
Hay que ser un tarado mental para no entender que esas dos visiones de país solamente quieren el mejor destino para los venezolanos: la seguridad jurídica, el respeto a la libertad de pensamiento, la vigencia de la constitución política”, sostiene.
Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han insistido en la obligación del Estado venezolano de respetar y garantizar los derechos de los presos políticos.
“No se trata de una gracia del Presidente de la República”, aclara Zambrano, “es el cumplimiento de la ley. Del deber ser de una sociedad venezolana con cultura política y democrática.”
El perdón de Maduro
¿Es el momento político para que Nicolás Maduro perdone? Un factor de presión internacional, decisivo, sobre la administración de Maduro es la figura del Papa Francisco, quien se ha interesado de forma directa en el tema de los prisioneros y exiliados políticos. Y el peso del Vaticano y de la Iglesia Católica en Venezuela puede ser determinante.
Sumado a ello, el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra también sigue con lupa el caso venezolano.
Con la presión internacional se mezclan elementos de la crisis interna del país: la depresión económica, los férreos controles que inhiben la inversión foránea, la gran inseguridad y el desabastecimiento.
En este contexto, “cualquier escenario es bueno. La fuerza de los hechos obliga a que el Ejecutivo deba tomar una serie de medidas que contribuyan a bajar la presión sobre la crisis que vive el país. Uno de los puntos medulares es la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados a la patria”, concluye Zambrano.
Sin embargo, hay señales contradictorias. Maduro ha arremetido de forma contundente contra Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, por las muertas ocurridas el pasado 14 de abril, luego de las elecciones presidenciales.
“Que nadie se deje chantajear y si tiene que ir a la cárcel el que tenga que ir, que vaya. Justicia, y más justicia quiere este pueblo para aquellos que mandaron a asesinar a hombres humildes”, dijo Maduro hace apenas unos días.
Diosdado Cabello, primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), también ha dicho que “más temprano que tarde deben tomarse las medidas para que Henrique Carpiles vaya a la cárcel”.