El presidente del partido Social Cristiano Copei, Roberto Enríquez, aseguró que sin la representación de la Santa Sede en el país, como mediador, no se presentarán a dialogar. Destacó que la reunión con los representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue “positiva”, sin embargo insiste en que el diálogo debe incorporar a todos los sectores de la sociedad, con el respeto a la Constitución Nacional, los derechos humanos, una comisión de la verdad y el desmantelamiento de grupos armados como elementos.
“El diálogo no es, ni puede ser una coartada para paralizar la protesta; el derecho a la protesta y a la libertad, porque no son negociables”, sostuvo el dirigente de la tolda verde.
Manifestó que el Gobierno se “equivoca cuando dice que el diálogo no tiene condiciones”. El respeto a la Constitución, los derechos humanos son los contextos que plantean para poder encontrarse con el sector oficial.
“Para nosotros el diálogo debe ser con condiciones y la primera de ellas es el respeto a la Constitución Nacional y los derechos humanos, de otra manera no tiene ningún sentido dialogar”.
Le exigió a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela que “sea precisa” en cuanto a la ubicación de los ex privados de libertad “que la ministra sacó de la cárcel”. “Tenemos elementos para pensar que muchos de ellos forman parte de las bandas criminales que están reprimiendo a los manifestantes”.
Asimismo, indicó que si se aplica la misma lógica punitiva utilizada para los alcaldes de San Diego (Enzo Scarano) y San Cristóbal (Daniel Ceballos), “poniéndolos presos y destituyéndolos por manifestaciones de los ciudadanos y como quedó demostrado y reconocido por el Gobierno, que los asesinatos del 12 de febrero lo cometieron funcionarios del Sebin, aplicando la misma lógica, entonces Nicolás Maduro debería estar preso y destituido por los delitos cometidos por sus subalternos”.
Para Enríquez el hecho de que el Gobierno esté “sometido al escrutinio internacional” es un triunfo popular de los estudiantes y manifestantes.
Aseveró que la Mesa de la Unidad Democrática respalda todas las manifestaciones pacíficas.
Finalmente, pidieron que se cumpla el artículo 25 de la carta magna que se refiere a los actos que menoscaben los derechos de la Constitución, son considerados nulos y los funcionarios que los ordenen o cumplan incurren en responsabilidades. “La Fuerza Armada debe abstenerse de acatar órdenes que violen a la constitución, en particular a los derechos humanos”. Prensa Copei