La dirigente social de Voluntad Popular, Carolina González, denunció ante la Fiscalía el secuestro por parte de funcionarios del Sebin pde su esposo Gilberto Sojo, detenido arbitrariamente desde el pasado miércoles 26 de noviembre en El Helicoide. NP
Señaló que hasta el momento, sus abogados desconocen el motivo de su privación de libertad, no han podido comunicarse con él, lo cual es una flagrante violación de los Derechos Humanos.
“Vengo aquí a la Fiscalía a denunciar al Sebin que el día miércoles hicieron un atropello contra mi hija menor de 3 años, mi esposo y mi persona, que nos llevaron presos y no sabemos aún por qué. Tuvimos 30 horas con mi hija en el Sebin detenidos. Nos acusan de subversivos y ser amigos de Leopoldo López. A estas alturas no sé nada de mi esposo, prácticamente nos secuestraron. Estas son horas que no sé dónde está mi esposo, supuestamente que lo habían traído a la Fiscalía, pero no hay un registro que lo hayan presentado. Estuve en el Sebin y dicen que no hay visitas, quiero saber dónde está él, temo por su vida. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que le pase a Gilberto Sojo, los responsabilizo de la vida él porque hasta ahora no sé dónde está”, explicó.
González relató que el pasado martes su esposo recibió una llamada de la operadora Movilnet, indicándole que había ganado un teléfono. Acudieron a una oficina de la operadora en la Candelaria, cuando fueron interceptados por funcionarios vestidos de civiles.
“Me dijo que tenía que presentarse el día miércoles y que lo acompañara a retirar el teléfono. En la oficina el presentó el papel con su datos y dijo que venía a buscar un premio que se había ganado, a los 5:00 minutos el señor de recepción indicó que esperáramos un momento, nos sentamos y al instante llegaron 3 personas, que no se identificaron que eran del Sebin, lo intentaron parar de la silla y hubo un forcejeo allí. Nos dijeron que íbamos a hablar a fuera que nos tenían que hacer unas preguntas, nos sacaron a empujones. Nos subieron a una camioneta blanca y allí nos dijeron que eran del Sebin, que nos quedáramos tranquilos, que íbamos para allá. Nos preguntaron que si conocíamos a Leopoldo López y si militábamos en Voluntad Popular y Gilberto le dijo que sí, dijo que había sido electo municipal en unas elecciones internas. Él les dijo que todos tenemos derecho a formar parte de una organización política, que no éramos ningunos delincuentes”.
González también denunció la falta de presencia de un Fiscal para la garantía y protección de los niños, puesto que su hija menor de 3 años estuvo aproximadamente 30 horas, sin comer, sin sus medicamentos y sin dormir, en la sede del Sebin.
“La niña le dio hasta fiebre, lloraba por su papá. No hubo derechos para el niño, ni fiscal y nadie que hiciera algo. Yo quisiera saber cuál es el derecho del niño, ella tiene 3 años. Yo le decía a mi hija para calmarla que estábamos en una reunión y ella me decía no mami esta no es una reunión, nosotras estamos presas, esos son policías, mira sus pistolas. Me puse a cantarle hasta que se quedó dormida, ella sufre de alergias ni los medicamentos pude darle”, expresó.
La dirigente social de la parroquia San Agustín señaló que tras su liberación, los funcionarios que la escoltaron a su casa practicaron un allanamiento ilegal, puesto que no presentaron una orden judicial para realizar dicho procedimiento.
“Allanaron mi casa, con presencia de mi hija menor de 3 años y mis nietos. El día que nos iban a dar la libertad, me di cuenta que íbamos a un allanamiento en mi casa con todo un armamento, como si nosotros fuésemos delincuentes, los vecinos se asustaron porque no sabían que estaba pasando. Se llevaron de mi casa tres camisas de Voluntad Popular, tres gorras y planillas de la última elección presidencial que yo era coordinadora de la MUD en esa parroquia, dijeron que eran pruebas. Yo no sé pruebas de que, porque yo creo que los venezolanos tenemos derecho de usar cualquier camisa de la organización política queramos, no creo que sea un pescado pertenecer a un partido político, somos líderes sociales y trabajamos para la comunidad”, dijo.
En ese sentido, el abogado de la Federación Interamericana de Abogados, Ramón Flores, rechazó la persecución, represión y detención arbitraria de ciudadanos venezolanos, en el que su único delito es pensar distinto. “Las distintas organizaciones no gubernamentales en Venezuela sentimos mucha preocupación por la represión, hostigamiento y abuso de poder por parte del régimen que no tolera que alguien piense distinto, sin duda alguna, la criminalización de la disidencia. Por ello denunciamos las reiteradas violaciones a los derechos humanos, a los tratados internacionales y concretamente la violación al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en contra del ciudadano Gilberto Sojo, humilde líder social de la parroquia San Agustín, quien fue detenido sin orden judicial, no fue sorprendido cometiendo delito alguno. En este momento no hemos podido comunicarnos con él como sus abogados, nos ha sido negada”.
Recordó el artículo 29 de la Constitución que dice que ´El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades´, por lo que exhortó a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a realizar la investigación pertinente. “Los delitos contra los Derechos Humanos no prescriben, por lo que exigimos a la garante de la legalidad en Venezuela, señora Luisa Ortega Díaz, que nombre a un Fiscal de Derechos Fundamentales al objeto de que se pueda visitar al señor Gilberto Sojo, su esposa, familiares y amigos en el Sebin, donde presuntamente está detenido y que puedan garantizarle sus derechos, resquebrajados”.
Flores también hizo mención del artículo 25 de la Constitución que reza que ´todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores´, por lo que exige justicia en este caso. “Esto no puede quedar impune, más cuando hay una niña de 3 años que permaneció presa por más de 30 horas. La justicia en Venezuela atropella al ciudadano común y no hay garantías constitucionales y nuestros derechos como venezolanos no están garantizados”.