La operación sorpresa policial-militar del 13-J sobre uno de los barrios de Caracas como objetivo, muestra la precariedad y debilidad de Estado del actual gobierno. Precariedad de Estado que se ve sobrepasada ante el ataque criminal de las Zonas de Paz, la violencia explosiva de los Pranes impactando al cuerpo social y las ejecutorias paramilitares de los Colectivos, creados como supuestos elemento de defensa y contención a favor de este régimen hipócrita y perverso cercano a la violencia y distante a la norma constitucional que rige a la República.
El régimen sibilinamente permitió el accionar dilatado de esos tres grupos armados permitiendo que la criminalidad, secuestro, robo y amedrentamiento de estos cuerpos armados agobiara a todo el territorio nacional. A tal extremo que los cabecillas de estos grupos se atrevieron a retar al Estado precario y a las fuerzas del orden público estableciendo pueblos libres y zonas disponibles. Pueblos libres y zonas disponibles que caracterizan la ineptitud y tolerancia que dibuja el régimen responsabilidad de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro es incapaz de entender qué significa la seguridad pública como responsabilidad específica de quienes ejercen el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente, los Gobernadores y los Alcaldes. Por lo tanto, la seguridad pública, esa que cuida que la madre lleve a su hijo al colegio, que el vecino use el transporte colectivo y que los jóvenes puedan disfrutar de las zonas de recreación con seguridad y paz es ininteligible, incomprendida y subestimada por Nicolás Maduro quien ejerce temporalmente el Poder Ejecutivo. Esa carencia de seguridad pública es la que ha puesto en evidencia los tres grupos armados que azotan a pueblos libres y zonas disponibles.
El régimen como Estado Precario no tuvo otra alternativa que confrontar policial y militarmente a grupos que tienen en jaque a la seguridad pública venezolana. Esta muestra de operación policial-militar por sorpresa da una idea del peligro que corre Venezuela ante la irresponsabilidad de un régimen que creyó, que se garantizaba con grupos armados, el control sobre el cuerpo social venezolano. La operación sobre la Cota 905 muestra un país lleno de violencia donde grupos armados han instaurado gobiernos, controlan población, carreteras y todo cuanto convive en un espacio social que está convencido que la autocracia militarista lejos de garantizar la seguridad pública, lo que ha potenciado es una violencia inusual y desconocida que ha producido y seguirá produciendo situaciones inéditas de destrucción en el seno de la sociedad venezolana.
Todo lo anterior habla de un mal gobierno. En consecuencia, es legítimo que el venezolano hoy, acorralado y amenazado por grupos armados permitidos por un Estado precario, reclame legítimamente el cambio de este mal gobierno. Un mal gobierno es aquél que se muestra inepto, indiferente o incapaz para garantizar la paz ciudadana, el buen vivir y la resolución de las demandas pospuestas y prescritas dentro del Contrato Social, en el cual la gran mayoría tiene el legítimo derecho a aspirar una renovación política, es decir, un nuevo gobierno que sea capaz de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
La operación policial-militar sorpresiva del 13-J como reacción tardía del postchavismo fracasado se convierte, por su crueldad y violencia, en un hito, encrucijada o jalón para que la mayoría de venezolanos conscientes del fracaso de este régimen neomilitarista radical crezca en energía. Energía para iniciar una organización social contendiente que desplace a este mal gobierno autocrático-militar. La operación policial-militar del 13-J habla de complicidad e incapacidad del régimen y obliga a una respuesta civilizada para desplazar a este mal gobierno. El mal gobierno de Nicolás Maduro deviene de su antecesor y de la ideologización socialista.
La operación policial-militar del 13-J muestra de manera cruel el caos social en el que vive el venezolano y, sobretodo, las clases más necesitadas que ahora descubren en su espacio un campo de batalla, donde se matan venezolanos con venezolanos como consecuencia de una revolución, que ahora no es más que un gobierno que proyecta una hipermilitarización de la política. Un mal gobierno que desde la formación de los Círculos Bolivarianos ha venido señalando que la revolución es “pacífica pero está armada”. Y las armas han servido para que se maten venezolanos que originariamente fueron revolucionarios.
La operación policial-militar del 13-J fue difundida por todos los medios de comunicación del mundo y los venezolanos el 14 de Julio somos conocidos como consecuencia de la ineptitud e irresponsabilidad de estos últimos 16 años del régimen, como un pueblo violento en donde se mata a sangre fría y, hasta donde es posible, que el Poder Ejecutivo ordene a sus policías y a sus entes armados a que asalten un pueblo libre o zona disponible, en los cuales habitan antes del momento de la batalla, hombres armados de confianza de quienes ejercen el Poder Ejecutivo.
Los venezolanos en su mayoría demócratas, dignos, decentes, con un gentilicio que niega la violencia, y mucho más la violencia política y la violencia armada, tienen el legítimo derecho a entender que la encrucijada vivida el 13-J tiene que tener una respuesta político-social. La respuesta político social debe comenzar por multiplicar voluntades que defiendan la paz, las buenas costumbres y la responsabilidad ciudadana para que, salidos del mal gobierno, se pueda construir una sociedad que acepte, entienda y cumpla la ley, en consecuencia, que niegue la violencia armada.
La violencia armada es competencia privativa del Estado para la defensa de la República y en consecuencia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, cuenta con un estamento armado para cumplir con la teoría trielementista del Estado. Esta realidad ha sido violada de manera avasallante por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de la Defensa, razón por la cual la gran mayoría de venezolanos junto al cambio del mal gobierno deberán internalizar la necesidad de la reconceptualización del estamento militar venezolano.
Es auténtico,
Dr. José Machillanda
Director CEPPRO
@JMachillandaP