“Hay de aquellos pueblos cuyos jueces merecen ser juzgados.” Anatole France
Un diálogo entre Pedro Carujo y José María Vargas, cuando aquél le pone bajo arresto domiciliario al estallar la Revolución de las Reformas el 8 de junio de 1835: — “Señor Vargas, el mundo es de los valientes.” — “No, el mundo es del hombre justo. Es el hombre de bien, y no del valiente, el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia.” Con estas citas tengo conocimiento del derecho a que la injusticia es la falta o ausencia de justicia, ya sea en referencia a un suceso, acto o situación de hecho. Puede estar referida a un sujeto o a un grupo social, pero en lo largo de la vida se sigue profundizando por los operadores de justicia. Quienes se convierten en los juristas del horror por las violaciones profundas e imprescriptible de los derechos humanos como lo hacía Robespierre en la revolución Francesa. Que sirvió de inspiración de los derechos fundamentales del hombre. En nuestra Venezuela constantemente comenten las injusticias más aberrantes caso que hago mención en el estado Vargas en su circuito judicial penal de ese estado. Donde la anterior presidente la Dra. Norma Sandoval quien no podemos negar sus vinculaciones con el pasado cuarta republicano y el hoy presidente actual de este circuito el Dr. Jaime Velásquez Martineztrasladado desde el Estado Apure, se han profundizado las injusticia. Este circuito anda a la como dice la canción de Guillermo Dávila “…Barco a la deriva…” https://www.youtube.com/watch?v=5C3b6cWjBA4 por las violaciones al texto constitucional, tutela judicial efectiva. En contraposición a los parámetros dictados por el Presidente De La Sala Casación Penal, Dr. Maikel José Moreno, https://www.youtube.com/watch?v=gP0KJ9hQUFo quien ha venido sosteniendo de que ha llegado el momento de que …los Jueces de Instancias, Cortes y Magistrados actúen conforme a derecho y no sientan el temor y la amenaza o chantaje de ciertos fiscales que prevalidos de su condición menoscaban la autonomía del poder judicial… lo cual es desacatado soló con el propósito perverso de encubrir a la fiscal auxiliar Nathaly Lorena Rodríguez Meléndez y el fiscal interino Rainer Rojas García. Quienes no cumplieron su mandato constitucional ilegal de no acusar a la justiciable Pierina Del Valle Villaroel causa fiscal MP-72025 del 2015 y la causa penal que cursa en el Tribunal Primero en Funciones de Control Penal del Estado Vargas número WP02-P-2015-000579 donde aún no sea celebrado la audiencia preliminar que lleva más de ocho meses no ha operado el decaimiento de la medida privativa de libertad ni se ha decretado la libertad por dicho tribunal quien está de Juez el Dr. Juan Fernando Contreras. Se puede decir que presuntamente se ha inclinado por defender los cargos de los fiscales antes que la libertad de la imputada. Ya que los fiscales con su actuación en el caso están al margen del derecho de acuerdo de la Ley de Droga en su artículo 173: Los o las fiscales del Ministerio Público, que dolosamente no interpongan los recursos legales o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos procesales y a la protección debida al imputado o imputada, en las causas relativas a la materia de drogas, serán penados o penadas con prisión de seis a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de sus funciones por seis años, después de cumplida la pena… Estos fiscales auxiliares e interinos de una manera sospechosa en materia de drogas han arrastrado a todo el poder judicial del estado Vargas y en especial a los magistrados de la corte única de apelaciones Rosa Cadiz Rondón, Luis Eduardo Moncada y Jaime Velázquez Martínez. Quienes en aviesa complicidad encubridora han negado sin entrar al fondo de conocer apelaciones, amparos, recursos de hecho, nulidades, sobre todo han violado la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales. Al negar la tutela judicial efectiva por acción omisión pudieran están incurso en los delitos contemplados en la Ley de Drogas en su artículo 171: El juez o jueza que omita o rehúse decidir, bajo pretexto de ambigüedad, insuficiencia, contradicción o silencio de esta Ley, será penado o penada con prisión de cuatro a seis años. Si obrare por un interés privado, la pena se aumentará al doble.
El juez o jueza que viole esta Ley o abuse del poder, en beneficio o perjuicio de un imputado o imputada, será penado o penada con prisión de seis a ocho años. Todos ellos tienen conocimiento de que la justiciable Perina del Valle Villaroel no fue debidamente o formalmente acusada por el Ministerio Publico, por lo que se configura una Privación Ilegítima de Libertad por parte de los operadores de justicia de ese Estado, quienes han venido denegando justicia en reiteradas oportunidades, solo con el propósito de encubrir la actuación del Ministerio Publico que no presento acto conclusivo formal contra esta ciudadana, y nos preguntamos será que los fiscales de la causa quienes incumplieron con su deber, según el adagio apureño quien el magistrado Jaime Velázquez Martinez “…manda más guarapo que los lineamientos de Maikel Moreno..” o es se esconde una vulgar colusión procesal hipotecada entre favores, antes esta colosal de injusticia de privación ilegítima de libertad solo le queda a otras instancias como la Jurisdicción Disciplinaria Judicial de la Corte Disciplinaria Judicial quienes la integran como presidente Tulio Jiménez Rodríguez; demás magistrados: Ana Cecilia Zulueta Rodriguez y Merly Morales Hernández. La Inspectoría General de Tribunales quien dirige el magistrado Juan José Mendoza Jover y al magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Francisco Carrasquero López quien conoce un recurso de hecho y amparo constitucional según el expediente AA50T2015000743; así como Defensor del Pueblo Tarek William Saab que debe pronunciarse sobre este caso y la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz de que ordene la suspensión de los fiscales que llevan la causa y le ordene al juez Primero de control decretar la libertad inmediata de la imputada mas no acusada Pierina del Valle Villaroel ya que el estado venezolano a través de la Ministerio Publico no presento oportunamente acusación y por lo tanto su privación es ilegítima ha llegado el momento de que cese, la lesión constitucional de la justiciable sino la alianza siniestra entre fiscales y jueces que se ha profundizado con la llegada del juez rector Jaime Velázquez Martinez…
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