Facebook, Google y Twitter han aumentado los esfuerzos contra la propaganda y reclutamiento de militantes islámicos a través de Internet, pero lo hacen discretamente para evitar la impresión de que están ayudando a las autoridades a vigilar la web.
Por Joseph Menn/Reuters
El viernes, Facebook Inc dijo que eliminó un perfil que cree era de Tashfeen Malik, acusada de asesinar junto a su marido a 14 personas en San Bernardino, California, que el FBI investiga como un “acto de terrorismo”.
Un día antes, el primer ministro francés y funcionarios de la Comisión Europea se reunieron en forma separada con Facebook, Google, Twitter Inc y otras firmas para exigir acciones más rápidas ante lo que la comisión llamó “incitación al terrorismo online y discurso que promueve el odio”.
Las empresas de Internet describieron sus políticas como directas: prohíben cierto tipo de contenido de acuerdo a sus propios términos de servicio y requieren de órdenes judiciales para retirar o bloquear cualquier cosa más allá de eso. Cualquier persona puede reportar o advertir sobre contenido para su revisión y posible remoción.
Pero la verdad es mucho más sutil y complicada. Según ex empleados, a Facebook, Google y Twitter les preocupa que si hablan públicamente sobre su nivel real de cooperación con agencias occidentales para el cumplimiento de la ley, enfrentarán exigencias similares de otros países.
También les preocupa que los consumidores las consideren como herramientas del Gobierno. Peor aún, si cuentan exactamente cómo funciona su escrutinio, corren el riesgo de que militantes con conocimientos en tecnología aprendan más sobre cómo vencer sus sistemas.
“Si saben qué salsa mágica se usó para llevar contenido al hilo de noticias, los diseminadores de información basura o cualquier otro aprovecharían eso”, comentó un experto en seguridad que trabajó tanto en Facebook como en Twitter y que solicitó el anonimato debido a la delicadeza del tema.
Facebook, Google y Twitter afirman que no tratan denuncias del Gobierno en forma diferente a las de ciudadanos, a menos que exista una orden judicial. Las tres empresas figuran entre un creciente número que publica informes para resumir el número de solicitudes formales que reciben de funcionarios sobre el contenido de sus sitios web.
Pero existen modos de soslayar esa etapa, según ex empleados, activistas y funcionarios del Gobierno.
Uno clave es que funcionarios o sus aliados denuncien que una amenaza, discurso de odio o celebración de la violencia viola los términos de servicio de la compañía en vez de alguna ley particular. Dicho contenido puede ser retirado en horas o minutos y sin el papeleo que supondría una orden judicial.
“Es común que las autoridades federales contacten directamente a Twitter y le pidan ayuda, en vez de usar canales formales”, dijo un activista que ha ayudado a desactivar varias cuentas.
Una persona familiarizada con las operaciones de YouTube dijeron que funcionarios de la empresa suelen revisar rápidamente videos que generan un alto número de quejas relativas al número de visitas.
Lo que agencias para el cumplimiento de la ley, políticos y algunos activistas quisieran es que las empresas de Internet impidieran que el contenido prohibido sea compartido. Pero eso supondría un enorme desafío tecnológico, así como también un gran cambio de política, dijeron ex ejecutivos.
Las firmas pueden bloquear contenido de pornografía infantil debido a que tienen acceso a una base de datos que identifica imágenes conocidas previamente. Un sistema similar funciona para la música protegida por derechos de autor.
Sin embargo, no existen bases de datos para videos de hechos violentos y las mismas imágenes que violarían los términos de servicio de una red social si son cargadas por un grupo extremista podrían pasar si forman parte de una emisión de noticias.