Escribo estas líneas en las extraordinarias horas de transición final entre el 2015 y el nuevo año de 2016. Lo hago como conciudadano de la mayoría determinante de millones de venezolanos que fraguamos sin pausa y con gallardía los caminos de la libertad y la democracia. Concluimos un año muy grave pero pleno de notables logros y victorias. El dolor y el luto se atenúan ante la cercanía de cambios nacionales profundos. Llevamos ese sentimiento en el corazón y la comunidad del mundo libre lo reconoce y nos respalda con intensidad y participación creciente.
En 48 horas, el 05 de enero instalaremos la nueva Asamblea Nacional (AN). La Venezuela plural desde ese momento cuenta con 112 diputados proclamados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral luego de la histórica victoria electoral del 6-D.
Son la mayoría parlamentaria calificada que proviene de la voluntad popular y por ser miembros legítimos de la AN, poseen inmunidad parlamentaria, claramente definida en el artículo 200 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Son Diputados “inmunes” al reiterado proceder ilícito y golpista de la dictadura y de sus fracasados y abyectos verdugos del TSJ.
La ONU, la OEA, los gobiernos que respetan la libertad y los derechos humanos y los Congresos y Asambleas Nacionales de países donde rige el Estado de Derecho, tienen ahora un poderoso asidero constitucional de primera magnitud en Venezuela: El Poder Legislativo independiente. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha expresado nuevamente que “nadie debe distorsionar la voz del pueblo venezolano tras el resultado de las elecciones del 6-D”, mientras que localmente Monseñor Diego Padrón (Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana) manifestó: “Si el gobierno desoye al pueblo, deshonra su voluntad”.
Es invariable el deber de las Fuerzas Armadas institucionales de garantizar en todo momento y a partir del inicio oficial de sesiones (artículo 219 de la Constitución) el continuo funcionamiento de la AN. Cualquier militar que desobedezca la Constitución Nacional y las leyes y disposiciones republicanas estará subvirtiendo el orden público, incurre en delito y debe ser sometido a los procedimientos disciplinarios y jurídicos del sector castrense.
Las tareas por satisfacer por parte de los diputados son múltiples. La República y su institucionalidad deben ser repuestas a la brevedad. Dos materias adicionales son similarmente perentorias. Abordar el “colapso nacional integral” en lo social y económico y en el combate en contra de la feroz violencia y criminalidad que azota sin piedad todo el territorio nacional. Por otra parte, cumplir el compromiso con la voluntad popular de liberar a nuestros valientes presos políticos. La ley o el decreto legislativo de amnistía (propuesto este último por el Foro Penal con la ayuda de distinguidos juristas) será uno de los más ansiados caminos de libertad.
La labor contralora a través de la comisión respectiva o especial según el caso es una obligación irrenunciable. Todo funcionario público debe presentar cuentas. Ni Miraflores ni ningún miembro de los poderes e instituciones públicas podrá negarse o recurrir a retóricas evasivas. Toda Venezuela está pendiente de las investigaciones administrativas de la nueva AN. La herramienta más poderosa de la AN en esta etapa es la “denuncia específica”.
Finalmente, lograremos consolidar nuestra nueva AN si todos los demócratas colaboramos con cuentas claras y propuestas a las comisiones. Nuestros Rectores agrupados en AVERU se reúnen el 12 de enero para luego solicitar la audiencia que rompa la hostilidad y el bloqueo parlamentario anti universitario de los últimos 16 años. Transitaremos juntos los caminos de la libertad.
@nbiancoucv