Hace dos días se instaló la Asamblea Nacional (AN) con una súper mayoría de diputados (109) pertenecientes a los partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Ese día, el nuevo presidente de la AN, Henry Ramos Allup, afirmó que en seis meses se decidirá el cese del gobierno de Maduro a través de una “salida constitucional, democrática, pacifica y electoral”.
Es la propuesta de la Oposición a la situación insoportable que vive la gran mayoría de venezolanos, tanto desde el punto de vista social y económico, como en materia de seguridad ciudadana, de libertades democráticas o de corrupción generalizada.
Una situación que combina “la explosiva mezcla de la inflación de Zimbabue, la criminalidad siria y la escasez de alimentos subsahariana” [A. Pastrana -J. Quiroga].
Tal es la gravedad que Raúl Castro, en el discurso de clausura del pleno de la Asamblea Nacional cubana el pasado 29 de diciembre, subrayó que la isla entra en una “nueva etapa” de nexos económicos y comerciales con cada vez más países. Una estrategia que busca reducir la dependencia de Venezuela, que ha aportado durante una década el 15% del PIB anual cubano (100 mil barriles de crudo diario).
Castro, también, señaló que el aporte de la Administración de Maduro al régimen cubano en el 2016 será afectado por la caída del precio del petróleo y la incertidumbre política que pasa Venezuela después del 6D. La que atribuyó a “una ofensiva imperialista y oligárquica desestabilizadora”.
Es la misma narrativa (guerra económica) que ha permitido a la dupla de Maduro-Cabello combatir a la Oposición durante todo este tiempo. “En lugar de reconocer la voluntad soberana del pueblo, ponen por delante del bien común sus oscuros intereses. En vez de iniciar un diálogo con la mayoría indiscutible de la Asamblea, amenazan con profundizar en la vía de su fracasada revolución, manipulan el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, apelan los resultados para impedir la súper mayoría, amenazan con vetar la amnistía para presos políticos y exiliados, ponen en marcha la Asamblea Comunal (AC)” y modifican la ley del Banco Central [Felipe González].
Con todas estas acciones, Maduro-Cabello obstruyen la reconciliación y reconstrucción del país. Con conocimiento de causa de que en el primer trimestre de este año la falta de alimentos, suministros básicos y medicamentos tendrá a empeorar, alcanzando niveles de crisis humanitaria. Lo que contribuirá a generar una gran conflictividad social.
Además, el régimen de Maduro, en su lucha contra la nueva AN, legislará por decretos ejecutivos. Y, las nuevas leyes que resulten de la AN las fallará a través de la Sala Constitucional (mini asamblea constituyente) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por lo que la crisis político-económica-social actual evolucionará a un caos total. El “conflicto de poderes” pasará a un “caos institucional”. En ese momento los fallos del TSJ a favor del Poder Ejecutivo (Maduro) demostrarán que estamos en presencia de un golpe judicial. El Estado de Derecho ha dejado de existir.
Ante esta situación la presión internacional a través de la OEA intentará invocar la aplicación de la Carta Democrática para restituir el orden democrático en Venezuela. Lo que permitiría al régimen de Maduro autoexcluirse del sistema Interamericano.
Es precisamente esta acción la que aislaría a Venezuela del concierto de las naciones del Continente. Y, serviría como la justificación de la causa-raíz de la crisis humanitaria en la que se encontraría el país.
Una praxis que el régimen cubano ha utilizado durante 57 años y seguramente recomendó a Nicolás Maduro en su última visita a Cuba el pasado 23 de diciembre. Porque si en algo ha mostrado el régimen cubano tener una fortaleza es la resistencia a la adversidad -período de régimen especial.
Maduro-Cabello aprovecharían el aislamiento para consolidar el estado autoritario o estado comunal, inhabilitando a la nueva Asamblea Nacional.
Hasta ahora la Oposición con el apoyo de un sector (institucional) de las Fuerzas Armadas de Venezuela ha ganado y ocupado el espacio legislativo. Para seguir avanzando hacia el cambio que exigen las grandes mayorías del 6D requerirá consolidar el consenso alcanzado hasta ahora, tanto a nivel nacional como internacional. De lo contrario el régimen de Maduro buscará aislar a Venezuela para mantenerse en el poder.
Porque entre el poder constituyente originario de las dos terceras partes –voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo- y el poder ejecutivo con “derechos iguales decidirá la fuerza” e inteligencia emocional.
Director Ejecutivo de Inter American Trends @iatrends