Termino de escuchar hace unas horas la intervención de la canciller Delcy Rodríguez en la reunión del Consejo Permanente de la OEA donde se discutió el informe que sobre la situación venezolana presentó el secretario general Luis Almagro. Escuché decir a la canciller, palabra más, palabra menos, que “Almagro tiene falta de parcialidad”. En español convencional esta frase sería el equivalente de afirmar que “Almagro es imparcial”. No estoy seguro de si en un ejercicio atrevido de chavi-lenguaje como al que nos tienen acostumbrados los altos funcionarios del gobierno, la canciller empleó esta expresión en el sentido de “Almagro comete una falta, la parcialidad”. No lo sé. De todo se puede esperar de la masacre del idioma y sus reglas a la que nos han sometido nuestros gobernantes.
Pero en verdad, mucho más interesante que estar a la caza de los frecuentes e insondables gazapos y horrores en el manejo de nuestro lenguaje de los cuales parece ufanarse la oligarquía chavista, es el pasearse por el corazón de la argumentación de la canciller Rodríguez para descalificar al secretario general Almagro. La acción de proponer que se active el mecanismo para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y la invitación al presidente de la Asamblea Nacional, son acciones, según la canciller, de desconocimiento del gobierno de Venezuela y, sobre todo, de la decisión del pueblo venezolano al elegir a Nicolás Maduro presidente de la nación.
Para nada se menciona que cualquier legitimidad que tenga el gobierno del presidente Maduro, proviene exactamente de la misma fuerza que le da legitimidad a la Asamblea Nacional: la soberanía popular. El intento, casi risible, de comparar el número de votantes que decidieron la elección de Maduro, un poco más de siete millones, con el número de votantes que eligieron a Ramos Allup como diputado, un poco menos de doscientos mil, esconde una manipulación de bulto: pretender ocultar que la oposición tiene 2/3 de la AN.
Tampoco menciona la canciller que el secuestro más importante de la soberanía del pueblo, contraviniendo expresamente lo contemplada en la Constitución, es pretender que este no se exprese a través del referendo revocatorio. El RR es un mecanismo concebido para dirimir conflictos donde se impone la consulta al soberano antes del término del mandato de un funcionario electo. El grave intento del CNE de actuar como un órgano de obstaculización de la voluntad del pueblo es un fraude fundamental a la ley fundacional de la nación en el cual actúan en colusión los tres poderes públicos controlados por el partido de gobierno.
La derrota que recibió el gobierno de Venezuela ayer en la OEA al no reunir los votos necesarios para impedir la sesión del Consejo Permanente donde se conocería el informe del secretario general no ha pasado por debajo de la mesa a nivel internacional, ni tampoco en nuestro país. Es demasiado evidente que el ángel de la pretendida revolución chavista ha abandonado a los herederos del comandante. Quizás, como sostienen los críticos al gobiernos provenientes de las filas del propio chavismo, porque la oligarquía alrededor de Maduro ha traicionado el proyecto original. Pero si la partida del ángel no es medible, el descontento popular si que lo es, y eso es lo que verdaderamente tiene alarmada tanto a la canciller como al resto del gobierno. La derrota de ayer de la OEA es un juego de niños frente a lo que le espera al gobierno si se enfrenta a cualquier consulta electoral en Venezuela.
La pretensión de la oligarquía chavista no es poca cosa: reprimir a sangre y fuego a su pueblo en casa y al mismo tiempo descalificar las críticas crecientes de la comunidad internacional como “injerencismo”. Es indudable, como lo ha expresado con mucha diafanidad el vicepresidente Aristóbulo Istúriz que el chavismo se cree propietario de un mandato supra-constitucional que los transforma de un gobierno a un proyecto. Este mandato no es, ni más ni menos, que una usurpación descarada de la soberanía popular. La oligarquía chavista se erige en una suerte de intérprete exaltada de la voluntad del pueblo, guiada por una suerte de ritos históricos y culturales que le han derecho a alzarse con el poder con independencia de que ya perdieron el favor de quienes los eligieron. En otras palabras, cualquier legitimidad de origen, tanto política como constitucional, que tenga el gobierno de Maduro queda comprometida al este comportarse como un régimen de secuestro de la mayoría que exige la realización del RR.
Otros gobernantes antes de Maduro y su grupo han tenido la pretensión de considerar a Venezuela como su hacienda particular. Siguen jugando con fuego y escalando la represión contra su propia gente que les reclama el calvario en que han convertido la existencia en nuestro país, transformando una situación de polarización política en una enorme caldera de presión social. Como inclusive muchos chavistas, entre ellos Juan Barreto, lo están advirtiendo, Maduro puede arrastrar en su caída a todo el movimiento y sepultar al chavismo que de otra manera podría preservarse como fuerza política nacional. Tiempos de abuso e ignominia que en algún momento pasarán a ser una dolorosa memoria y que le abrirán su paso al reencuentro nacional. Que no nos quede duda de eso.
Vladimiro Mujica