Hay quienes cuestionan el resultado de la marcha del 1 de septiembre dentro de la misma oposición. Hay quienes esperaban un cambio drástico ese día; otros, más conscientes de los tiempos políticos, lo vieron como una demostración de contundencia para exigir un derecho constitucional.
Pero más allá de las lecturas internas, lo cierto es que la reacción del gobierno fue, una vez más, la retaliación política por el alto rechazo de la población venezolana, reflejada en la participación de quienes salieron a marchar pese a las amenazas.
Las detenciones y órdenes de captura iniciaron desde antes del 1 de septiembre, como fue el caso del alcalde de Maturín, Warner Jiménez, la revocatoria del arresto domiciliario de Daniel Ceballos, o los impedimentos para permitir el paso de autobuses que se trasladarían a Caracas.
Los argumentos del gobierno es que la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se trataba de un acto “desestabilizador, de un golpe de Estado”.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se desplegó desde días antes, y con ellos, los colectivos que, en el caso de Guayana, fueron foco de denuncias por varios robos cometidos por el grupo de motorizados identificados con el oficialismo. Aun con la incertidumbre de lo que pudiese ocurrir ese día, con las provocaciones incluidas, la gente salió marchar. Quizás desde 2014 no se apreciaba tanta motivación de la población por salir a las calles, en este caso en exigencia del referendo revocatorio, una protesta muy específica.
El gobierno insiste en negar que una multitud salió a las calles en exigencia del referendo revocatorio, y peor aún, se niega a ir a un proceso referendario cuando se trata de un mecanismo explícitamente establecido en la Constitución nacional, pero sus acciones reflejan todo lo contrario.
En Villa Rosa, estado Nueva Esparta, el cacerolazo al presidente Nicolás Maduro, al pasar por sus calles, provocó allanamientos y retenciones por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mismo órgano que ha cometido detenciones arbitrarias como la de Braulio Jatar, director de Reporte Confidencial, que después de horas de desconocerse su paradero -ya que este mismo organismo negó la información- finalmente se confirmó que era allí donde lo tenían apresado. Así ha sucedido con la mayoría.
Leer más en: Correo de Caroní