La Constitución vigente aprobada por el pueblo de Venezuela mediante referendo constituyente el 15 de diciembre de 1999, proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre de 1999, prevé en su texto como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado , lo que la actual “DIARQUIA” conformada por el Ejecutivo nacional y generales en servicio activo, presidida por Nicolás Maduro, se ha empeñado en no cumplir, lo cuales no son otros, que la incorporación a la estructura del Estado venezolano como obligación para el gobierno legítimamente constituido, el garantizarle al ciudadano, lo que el Estado le impone: “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad , la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político”, por lo que siendo esto así, es evidente, duda no cabe, que todo rechazo o cualquier desplante hegemónico de los que dirigen la política gubernamental de la Nación, contrario a la supremacía constitucional, es írrito.
La Constitución a la que se le ha dado carácter “estatista,” le inserta como imperativo al Estado, para el cumplimiento de sus fines proceder aplicando las leyes que ha lugar; a la vez que le crea al pueblo la concienciación institucional para el cumplimiento de cualquier derecho que por abuso de autoridad, requiere la obligación de exigibilidad, haciéndose pertinente que cualquier conducta de un órgano del Estado, contrario al cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución, como se evidencia en la resolución sesgada del CNE correspondiente al referendo activado por la oposición para el cese del mandato de NICOLÁS MADURO, nos lleva al entendido que el comportamiento de las “CUATRO SEÑORAS” que integran el Poder Electoral; sus contradicciones habidas y obvia sumisión a las instrucciones que le imparte el “CUADUNVIRATO” electorero del Presidente en proceso de revocación , le impiden ser garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el ejerció del voto; a la vez que incurren en responsabilidad penal al actuar al margen de la Constitución ,lo que fuerza al “Sector Opositor” a unificar las dispersas acciones de estrategia con el mayor espíritu de amplitud democrática , para lograr mediante las más enérgicas protestas la preservación de la voluntad del pueblo; el deber de expresarse a través del voto en ejercicio de su soberanía y darle cumplimiento al principio constitucional que reza:” Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”.
Sin desestimar otra vía constitucional que pueda activarse para el cambio de la nefasta situación política, entre la cuales pudiera disponer el pueblo como depositario del poder constituyente originario el ordenar la convocatoria de una “Asamblea Nacional Constituyente” para la creación de un nuevo ordenamiento jurídico; lo cierto es que la solicitud del revocatorio en proceso, constituye un hecho irreversible cuya realización conlleva, a efectuarse en los términos establecidos en la Constitución, con energía , sin abstracción de retardo ; sin artificio de las funcionarias rectoras para argüir sin sustento de legalidad alguna, insinuado por un converso de nuestra política domestica, que los noventa días estipulados para la convocatoria del evento, tienen que dejarse transcurrir íntegramente como si se tratara de un término fatal; a la vez que pretendan bajo el supuesto del Estado Federal establecer como obligante para la destitución de Nicolás Maduro que 20% de las firmas se cumplan en todos los estados.
Los criterios impuestos leoninamente por el CNE, hace firme la convicción, de apreciar que las rectoras que dispusieron tan dañino adefesio, han provocado una alteración en el proceso refrendario que afecta el desarrollo institucional , al no lograr convencer al elector : que sus actuaciones han sido guiadas por su propia conciencia y no por lealtad ventrílocua a la “ Diarquía” que se ejercita en el poder con pretensiones continuistas, desobediente a toda regla de convivencia ciudadana, que impone la moral política.
Empero, si es de certeza, que la pérdida de popularidad del régimen es ostensible, no es menos ciertos que NICOLÁS MADURO tiene a su disposición con salvedad del parlamentario los cuatro poderes restantes que integran el Poder Público Nacional, lo que le permite a éste señor en forma amañada , obtener para sus despropósitos el asentimiento irrestricto de los órganos que tiene a su disposición, de manera subordinado.
El poder judicial a los efectos de complacencia irrestricta, le da una lectura a la Constitución sin atenerse a lo que el constituyente dispuso; pero de sumisión a lo que le es favorable al Presidente; por lo que se supone factible, que a través de un solicitud de interpretación que se le haga a la Sala Constitucional sobre el cumplimiento de 20% de la recolección de firma en los estados; y la de considerar que deben cumplirse íntegramente el lapso de 90 días, como pretende el CNE, la referida Sala le dará el carácter de vinculante .
Lo anteriormente referido nos lleva a entender, que el régimen de mayoría militar activa, apartado del asesoramiento que le diere el sector civil a la políticas de Hugo Chávez, ha estructurado toda una estrategia tendiente a polarizar la lucha política con el partido MUD, engendro nacido de una fusión de cuatro partidos, los que para recobrar legitimidad en la elección a gobernadores, tienen que cumplir con el proceso de renovación proferido por la Sala Constitucional, dado que se han integrado a la MUD, no como coalición de partidos, lo cual usa el gobierno en forma sistemática para hacer depender el proceso refrendario de un solo partido, fomentándole división en su seno a ésta organización política; denunciando reuniones habidas de la MUD con el gobierno, pretendiendo con ello minimizar la resuelta voluntad del pueblo para avanzar en el cambio de gobierno; a la vez que incrementa la persecución política, con pretendida intención de inhabilitar a Capriles e impulsar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria que le es propia a la función que desempaña el diputado Ramos Allup. Recurre a ZAPATERO para un pretendido diálogo; con intención manifiesta de fomentar la división de la oposición en beneficio del “ CHAVISIMO”
El referendo revocatorio, sin duda alguna goza del apoyo multitudinario de la opinión pública, que como ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, además de tener el respaldo del partido MUD, se encuentra también representado por otros sectores de la oposición, por lo que debemos entender que hay una coordinación de estricta disciplina de un partido, y otra en paralelo integrada por diversificados sectores opositores , ductores calificados para el cambio inmediato de la situación política, por lo quien suscribe él presente artículo, comprometido con la idea de vuelta a la civilidad, reafirma que el acto refrendario es imposición que le corresponde al Estado; que el funcionario público debe cumplirlo en forma inexorable; que los promotores de la su solicitud deben entender que no representa color alguno; que no necesita de contraposiciones sectarias, ni discusión de liderazgo; que no tiene otro entendido , que lo consolidación de un acto unitario que reclama la oposición en forma urgente, como deber ético y moral para la preservación de la soberanía.
Abogado, político, presidente del partido Unión Republicana Democrática (URD).