La noticia de que los transportistas acordaron aumentar el pasaje mínimo a Bs. 300 a partir del mes de abril de 2017 tomó a más de uno desprevenido, es decir ¿No estarán exagerando? Algunos dicen que sí, otros aseguran que no. Lo único cierto es que, probablemente:
– Nicolás Maduro aparecerá en cadena nacional anunciando altaneramente que no permitirá ese aumento.
– Que los choferes comenzarán a cobrar “de facto” la nueva tarifa (como ya lo hicieron cuando les “prohibieron” cobrar Bs. 100), y
– El gobierno se hará a la vista gorda, limitándose a dar declaraciones esporádicas.
Al fin y al cabo, históricamente la amenaza de colapsar a las ciudades mediante un paro de trasportistas siempre ha sido una herramienta de chantaje poderosa. En resumen, pareciera que en Venezuela los pobres están a merced de cualquiera con una mínima posición de poder, y que no existe un Estado al cual acudir para que vele por los derechos e intereses de la mayoría… y las minorías también.
No buscamos abogar por una prohibición (ilusoria) al aumento de pasaje, o, muy al contrario, aplaudir la medida. Lo que se quiere es hacer un llamado de atención a las autoridades competentes, a que le metan el pecho al asunto, pero de manera seria, responsable, y sobre todo consiente. De hecho, abordar esta problemática, más que profundos conocimientos técnicos (que se necesitan), requiere una buena dosis de lógica y sentido común.
¿Cómo explicar que rutas tan complejas como Altagracia-Petare o Catia- El Junquito, que recorren aproximadamente 30 kilómetros, tengan la misma tarifa que, por ejemplo, las rutas cortas de Ruperto Lugo o Los Magallanes, en Catia, que miden menos de 2 kilómetros? Además, creemos que debe rescatarse la concepción de transporte público como un contrato de obligaciones recíprocas entre los pasajeros y los transportistas, de modo que exista una correlación real entre el monto pagado y la calidad de servicio (estado de las unidades).
Para empezar, hace falta:
– Sincerar la trayectoria de las rutas, estudiando cada caso de forma independiente, de modo que sea posible establecer el monto mínimo y el máximo a cobrarse en cada caso.
– Clasificar a las unidades en función del estado de mantenimiento en que se encuentren, para ajustar la tarifa a la calidad del servicio que ofrecen.
– Instrumentalizar las herramientas jurídicas necesarias para sentar las bases clasificadoras de las unidades de transporte y las rutas que recorren; ejerciendo además una policía administrativa eficiente, que estimule las mejoras en el servicio y sancione adecuadamente las transgresiones a la norma.
Necesitamos, ante todo, que nuestros gobernantes dejen de un lado la política y se dediquen justamente a gobernar ¿Es tanto lo que estamos pidiendo?
Víctor Jiménez Ures