Las medidas de abrigo dictadas por los consejos de protección, debido a la falta de alimentos o porque los padres no tiene cómo mantener a sus hijos, van en ascenso desde junio de 2016. Los consejeros de los municipios Libertador, Chacao, El Hatillo, Sucre, Guarenas y Guaicaipuro coinciden en que el desmembramiento familiar, para garantizar el sustento de los niños, aumentó entre 50% y 60%.
Por: Isayen Herrera / El Nacional
El municipio Sucre atendió 742 procedimientos en 2016 y la mitad de ellos se debió a la vulneración del derecho al nivel de vida adecuado que establece la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en su artículo 30. Ese derecho comprende que el niño debe tener una alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud, además de la vestimenta apropiada al clima, y que proteja la salud y una vivienda digna, segura, higiénica y salubre.
En Guarenas hubo 464 casos y 55% se vio afectado el mismo derecho. En El Hatillo los consejeros abordaron 85 procedimientos y 10% se debe a este problema en la familia, con énfasis en la falta de alimentación. En Libertador los consejeros precisaron que 60% de sus abordajes se debió a ese principio vulnerado, mientras que en Chacao se atendió una sola situación de este tipo y en 2015 no hubo esos reportes.
Las cifras derivan de entrevistas a consejeros de protección para un trabajo de investigación que realizó la trabajadora social Angeyeimar Gil, que se presentó en el X Jornadas de Investigación de la Escuela de Trabajo Social 2017.
Gil expresa que en la mayoría de los casos el problema principal es la falta de alimentación adecuada y los consejeros en las entrevistas manifestaron que había desnutrición que tuvieron que abordar. De la investigación se desprende que la crisis económica, alimentaria y social ha ocasionado que los consejeros de protección tengan que penalizar la pobreza.
La trabajadora social agrega que una de las casas hogares que recibe más niños en el área metropolitana tuvo un repunte de ingresos. En 2015 albergó a 62 pequeños y en 2016 a 120 menores. La primera causa de ingreso, con 51 medidas de abrigo, fue por la vulneración del derecho al nivel de vida adecuada.
“Esta casa hogar aseguró que los niños que llegaban tenían grados de desnutrición y eso constata lo que manifestaron los consejeros de protección”, expresa Gil.
Hospitales también prenden alarmas. La consecuencia de la crisis alimentaria se sustenta con las estadísticas del Departamento de Nutrición del Hospital de niños J. M. de los Ríos. Desde abril los médicos decidieron registrar el número de afectados por falta de comida al comenzar un alza de pacientes.
El 2016 cerró con 70 niños atendidos por desnutrición como diagnóstico de base, de los cuales 54 tenían menos de 5 años de edad. Sin embargo, en total 890 pacientes tenían problemas de nutrición, además de las patologías por las que ingresaron al centro de salud.
“El análisis final es que no hay una política pública nacional en materia de infancia. Los planes del Idenna no tienen coherencia con la realidad porque no llevan estadísticas. Hay, además, una carencia de programas que establece la ley y lo que hace es que retrocedamos en lo que a protección de niños, niñas y adolescentes se refiere. Para garantizar el derecho a la vida y salud los consejeros ahora tienen que separar familias para que los niños sean cuidados por empleados de casas hogares, y esas personas jamás darán el afecto que se tiene en casa”, denuncia Gil.