Gremio de abogados del estado Bolívar se une a protestas en defensa a la Constitución

Gremio de abogados del estado Bolívar se une a protestas en defensa a la Constitución

Los abogados José Meignen y Félix Istúriz

 

En procura de exigir respeto al estado de derecho, y defender la Constitución Nacional, el Colegio de Abogados del estado Bolívar exhorta a participar activamente en las movilizaciones, que de manera simultanea, se efectuarán el próximo 19 de abril, a partir de las 10:00 de la mañana, en Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.

Nota de prensa

Los abogados Félix Istúriz y José Gregorio Meignen, presidente y tesorero, respectivamente, de este gremio, señalaron que existen razones suficientes para no quedarse callados, y exigir respeto a los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional.

Los juristas destacaron que como todo ciudadano no pueden permitir se rompa con la estructura que consagra la libertad y democracia, y se intente imponen una “justicia socialista”. En este sentido, exhortaron a los abogados en la región a participar en las movilizaciones convocadas en el territorio guayanés.

En Ciudad Guayana, se tiene como punto de concentración Villa Colombia, a la altura de la sede del Colegio de Ingenieros; y en Ciudad Bolívar, en la avenida Bolívar, Paseo Meneses. Ambas se espera culminen en la sede de la defensoría del pueblo.

Meignen señaló que los profesionales del derecho están obligados a velar y luchar por el restablecimiento de la democracia, el estado de derecho y el hilo constitucional. “No podemos quedarnos inertes ante las violaciones constitucionales, la anulación de los actos de la Asamblea Nacional”.

Dijo que como abogados decidieron protestar de manera pacifica, cívica y democrática en la calle ante lo que ya para el país, y el mundo, es un hecho público y notorio como es la destrucción del estado de derecho.

“Todos los abogados debemos exigir respeto al imperio de la Ley y de la Justicia; solicitar de manera urgente y sin contratiempos la apertura del canal humanitario (medicinas y alimentos); la destitución de los magistrados del TSJ, que han violentado la normativa positiva vigente, y aquellos magistrados que ejercen dichos cargos y que no cumplen los requisitos de ley; solicitar la liberación de los presos políticos; exigir al Consejo Nacional Electoral la mora pendiente del cronograma electoral”, enfatizó.

El presidente del gremio, Félix Istúriz, por su parte, fustigó las pretensiones de un gobierno que busca imponer una “justicia socialista”, basada en un decreto presidencial emitido el pasado 7 de febrero de este año, bajo la llamada “misión justicia socialista”, que no es más que otro “adefesio jurídico”.

Acotó que con este decreto se intenta concretar la ideologización en la justicia venezolana. “No puede haber justicia ideologizada. Ni justicia socialista, éste término no existe en ninguna de las Constituciones que se han sancionado en el país desde 1810. Este “adefesio jurídico”, violenta normas constitucionales y legales, establece discriminaciones y solapa competencias de otros órganos del Estado”, advirtió.

Istúriz advirtió que el decreto rompe con la universalidad de la profesión de la abogacía, afectando a 250.000 abogados, así como su núcleo familiar.

Los abogados marcharemos el próximo 19 de abril en rechazo y desconocimiento a la Misión Justicia Socialista, que se intenta imponer desde las esferas del poder nacional, acompañando a la ciudadanía, demás gremios, estudiantes, trabajadores y dirigentes políticos, remarcó.

“Como todos los venezolanos queremos respeto a la Constitución Nacional, democracia, espontaneidad y elecciones libres y eso pasa por tener igualdad de condiciones, elecciones sin presos políticos e inhabilitaciones. Nuestra lucha en la calle es para que se cumpla la Constitución Nacional. Venezuela volverá a renacer el próximo 19 de abril, de manera  cívica, pacifica y democrática”, enfatizó.

Para finalizar los abogados rechazaron las continuas acciones represivas y uso de gases tóxicos en las manifestaciones, recordando la prohibición constitucional de esas sustancias. Asimismo, destacaron que los delitos de lesa humanidad no prescriben. “Le exigimos a las autoridades respeto, y a la fuerza pública cesar los excesos en su actuación durante las movilizaciones”, aseveraron.

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