Para el día de hoy, veintitrés (23) de noviembre de 2018, a las 9:00a.m. estaba fijada la audiencia de presentación de los funcionarios del SEBIN a ser imputados en la investigación relacionada al Concejal de Primero Justicia FERNANDO ALBÁN, quien murió bajo custodia del SEBIN el día 8 de octubre de 2018. La referida audiencia debía realizarse a la hora señalada ante el Tribunal 31º en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Fredy Pérez, Expediente No. 31C-S-1302-18, en el cual la Fiscalía del Ministerio Público, imputaría a los funcionarios por el delito de “Quebrantamiento del deber de custodia”, tipificado en el artículo 267 del Código penal, delito “menor” cuya pena sería de prisión de quince días a seis meses.
Nota de prensa
Los abogados RAMON ALFREDO AGUILAR, ENRIQUE SERRA y SUSNAIKYL CORNIEL, representantes de la familia de Fernando Albán, quienes se consideran como víctimas conforme al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y tienen derecho a participar en el proceso, se hicieron presentes en el referido Tribunal, para actuar en la audiencia y solicitar formalmente la aplicación del Protocolo de Minessota, Protocolo de Estambul, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por tratarse de una “muerte potencialmente ilícita”, en los términos de dichos instrumentos, y por existir la posibilidad de que se esté en presencia de actos de tortura e incluso de una ejecución extrajudicial, además de las ya públicamente denuncias, violación al debido proceso, detención arbitraria y desaparición forzada, sufridas por FERNANDO ALBÁN.
Sin embargo, acaeció que ni los funcionarios a ser imputados, ni la Fiscalía del Ministerio Público se hicieron presentes a la hora fijada para la audiencia, y al solicitarse información, la secretaria del Tribunal, María Gabriela la Rosa, informó que “Fernando Albán no aparece como víctima en ese proceso”, negándose incluso a recibir el poder que exhibieron los abogados para acreditar su legitimación y actuar en la audiencia.
Tales circunstancias, suman una nueva contradicción e irregularidad, impregnando el caso Albán de mayor opacidad, pues lo cierto es que en el expediente manejado por la Fiscalía (MP-345888-2018), Fernando Albán figura como víctima, por lo que resulta ilegal que se impida a los familiares participar del proceso y verificar las solicitudes que consideren pertinentes. También resulta, cuando menos extraño, que ni los funcionarios citados para comparecer, ni un representante del Ministerio Público, concurran a una audiencia previamente fijada y que no ha sido diferida por el Tribunal.
Los representantes de las víctimas insistirán en la ampliación de la investigación, y en la aplicación de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.