Los extremistas del gobierno y de la oposición quieren imponer la violencia. Evitar que los ciudadanos, en elecciones libres y justas, decidan pacíficamente su futuro. Pero el país que los desborda, atado por sus catástrofes cotidianas a pelear por su derecho a la vida, intuye que voto priva sobre fusil.
La ruta maciza y clara levantada por Guaidó cumplió los objetivos que correspondían al primer desafío contundente formulado al régimen en veinte años. Logró reducir la base social de apoyo de Maduro, aislarlo internacionalmente y colocar en agenda el interés general de disolver un poder de facto, exclusivamente concentrado en perpetuarse a costa de hundirnos en peores calamidades.
La situación ha variado. Está en curso el estallido de un unánime rechazo social a Maduro. Este cuestionamiento, que sobrepasa identificaciones políticas tradicionales, no se ha podido traducir en un consenso institucional y político sobre cómo resolver el conflicto entre el país y una élite monopolizadora de privilegios. Se obstruye un entendimiento inevitable entre actores indispensables para cambiar de régimen y asegurar gobernabilidad, pluralidad e inclusión. Importante para acelerar la unificación y reconstrucción del país a partir del día después.
Pedir flexibilizar la ruta y rediscutir la estrategia formulada por Guaidó no constituye una crítica, sino una propuesta para debatir cómo añadirle nuevos atributos y capacidades de eficacia y éxito a la formación de un gobierno provisional y al cese de la usurpación.
Venezuela necesita entendimientos. El primero para atender la crisis humanitaria compleja entre la gente sencilla que la sufre. Guaidó debe lograr que el gobierno, responsable del agravamiento cuasi genocida de esa crisis, permita que ella se lleve a cabo sin aprovechamientos bastardos. No repetir el traspiés del 23 de febrero.
Hay una visión de la transición que conviene a la prolongación de la usurpación. Sobre acentuar su naturaleza ordinariamente conflictiva y plantearla como proceso en la que una de las partes obtenga para sí todas las ganancias. Al consagrar la división en dos polos sólo antagónicos, se continúan dos fundamentos autoritarios: desplazar una hegemonía excluyente con otra y suponer que todos somos enemigos de todos, que cada polo existe para exterminar al otro. Esta infiltración totalitaria debe ser doblegada por las ventajas que otorga la práctica de la cultura democrática. Antes y durante el ejercicio del poder.
Hay que romper el empate dañino y costoso que impide el salto adelante del país. Guaidó y la AN deben encarnar, lo que el grupo declinante de Maduro no puede, fortalecer la protesta cívica y encabezar propuestas de solución. El primer objetivo de la transición es reconquistar progresivamente derechos confiscados.
Las elecciones son la vía de cambio con lucha y movilización de calle. Rescatan la autonomía para encontrar una solución entre venezolanos. Revalorizan el voto como herramienta primaria para el ejercicio de la democracia y contravienen de plano un fundamento del autoritarismo: la soberanía reside en la voluntad del pueblo y no en quien tenga el control del Estado.
Luchar y lograr elecciones libres y competitivas es el corazón del restablecimiento de la libertad. Un medio de emancipación que exige garantizar derechos, previo y posterior a los resultados, a quienes participen en ellas. Y concertar un acuerdo de gobernabilidad para enfrentar la superación de las crisis a mediano plazo.
Los que banalizan la guerra, añadirle sangre al tiempo del hambre, jugar al todo o nada, pueden dejarnos con las manos vacías. Otra vez al final de una estrategia para nada.
@garciasim