La familia Ortega no solo ha venido capturando las principales instituciones democráticas de Nicaragua, sino que ha logrado torcer las normas y dictámenes a su antojo para que el cargo presidencial del corrupto patriarca de esa familia, Daniel Ortega, pudiera ser heredado por su cónyuge, Rosario Murillo, a quien ya se le conocía como la persona de su entorno a la que todo se le debe consultar y la que todo lo debe aprobar.
Los beneficios de la pareja presidencial no se circunscriben a la arbitrariedad de un poder autoritario y sin control institucional, sino que los privilegios abarcan al resto de su familia. Así, por ejemplo, Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, tiene un activo rol en una controvertida agencia de promoción de inversiones Pro Nicaragua, de la cual es asesor desde 2009 y del que habría obtenido ingentes beneficios económicos para esta nueva “oligarquía socialista al estilo nicaragüense” de los Ortega, como también lo ha sido su esposa, Yadira Leets, al frente de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) y sus hermanas Luciana y Camila que han sido acreditados como “asesores presidenciales” que manejan entidades surtidas de una provechosa cooperación petrolera proveniente de Venezuela, gracias los regímenes de Chávez y Maduro, superior a los 3,700 millones de dólares en un lapso de diez años.
Los otros hijos de de la pareja presidencial, como son Rafael, Daniel Edmundo y Maurice Facundo, no se han librado del descaro del reparto de los fondos del Estado y ser favorecidos por medio de los cargos asignados en entidades públicas.
Claro está que esta desfachatada codicia por asirse de todas las transacciones que fueran en favor del Estado los ha llevado ha dedicarse a negocios corruptos en los que los inversionistas extranjeros han venido pagando, especialmente a Laureano, por un acceso preferencial a la economía nicaragüense.
No en vano el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció, hace unas semanas, que impondría sanciones contra el hijo del presidente de Nicaragua al ser acusado de estar involucrado, junto al resto de su familia, en actos flagrantes de corrupción y lavado de dinero, además de la más alevosa violación a los derechos humanos de sus compatriotas.
Aun cuando los Ortega han liberado, bajo una polémica ley de amnistía, a un número de reos de conciencia luego de la brutal represión ante las grandes protestas estudiantiles, con más de cuatrocientos muertos y cientos de detenidos, sólo para mitigar el reclamo ante la felicidad de la liberación y poder conservar el sillón presidencial, con ello no se logra esquivar de su responsabilidad en los “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante los disturbios en este último año, junto con aquella fuerza policiaca y paramilitar adicta al régimen.
Por cierto que se ha enquistado en Nicaragua una nueva oligarquía déspota y corrupta. La revolución sandinista sólo sirvió, en definitiva, para instalar una nueva herencia con privilegios que da la inmunidad de una presidencia autócrata. Ese supuesto “socialismo”, al igual que en Venezuela, sólo queda un vago recuerdo de una valerosa lucha por retornar a una verdadera Democracia, constituyendo una extraña simbiosis entre una especie de monarquía delirante y un totalitarismo trastocado, que hacen de ese régimen un festín a la infamia.