Más de 20 años de demandas y continuidad de esfuerzos, fueron necesarios para que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) finalmente, y bajo la presión de la contundencia de los argumentos esgrimidos por Fedecámaras, constituyera la llamada Comisión de Investigación -mal traducida como comisión de encuesta- máximo organismo de control de “la casa de los trabajadores” que hace pocas semanas emitió su informe definitivo, con una contundencia de argumentos que superan lo laboral para adentrarse, porque así los magistrados lo consideraron conveniente, en aspectos republicanos de la vida democrática de contundencia, consecuencias y crudeza no esperadas.
Por Jorge Roig Navarro / lagranaldea.com
No es la intención del presente artículo el examinar el alcance de dicho dictamen, toda una joya en materia laboral para los interesados, y cuyas 250 páginas están recogidas en la Web de la OIT para quien quiera profundizar en el tema.
Dedicaremos entonces las siguientes líneas para ilustrar un proceso histórico para Venezuela en materia laboral, pues no es poca cosa que en 100 años de existencia de la OIT solamente trece veces se haya activado este mecanismo de Comisión de Investigación, algunas de ellas particularmente relevantes, como fueron los casos de Polonia y Nicaragua.
Fedecámaras, consciente de ser la voz del empresariado, introdujo ante la OIT respectivas demandas contra el Gobierno venezolano por incumplimiento de numerosos convenios en materia laboral entre los cuales, los más evidentes y de mayor peso, fueron el Convenio 87 relativo a la persecución de líderes sindicales, entendiendo que en Venezuela el Gobierno irrespeta la libertad sindical, siendo Fedecámaras un sindicato Patronal.
Quien escribe estas líneas, mientras ejercía la presidencia de Fedecámaras, fue amenazado repetidas veces en cadena nacional, perseguido por las fuerzas del orden, y con las comunicaciones telefónicas intervenidas a lo largo de la gestión lo cual, lejos de ser una excepción personal, es claramente una política de Estado contra quienes ejercen los cargos de representación gremial, llámense trabajadores o empleadores.
Así mismo, Fedecámaras demandó el incumplimiento del Convenio 144 que establece la obligatoriedad de mantener un diálogo social con trabajadores y empleadores por parte del Gobierno para la toma de decisiones que a todos competan, lo cual evidentemente no ocurre en nuestro país.
Por último, y quizá la más notoria violación a los convenios de la OIT, está en lo relativo a la fijación unilateral por parte del Gobierno del salario mínimo el cual, según el Convenio 26 firmado por Venezuela y evidentemente no respetado, debiera ser consultado con empleadores y trabajadores.
Los anteriores Convenios fueron la base de la demanda interpuesta por Fedecámaras ante la OIT que, con la lentitud de las organizaciones internacionales, fue configurando un expediente con diferentes mecanismos de control.
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