La Gran Sabana siempre fue uno de esos parajes más hermosos de la Venezuela profunda; fue un área de belleza sin igual, de leyendas aborígenes, un punto donde la geología, las ciencias naturales y el misticismo se unían; sin embargo, gracias a las políticas de la usurpación, en este momento la Gran Sabana es una zona de guerra, una región donde se cometen masacres por el control de las minas de oro.
La muerte de seis, siete, ocho u once personas, integrantes o no, de la etnia pemón, entre ellos un Guardia Nacional (R), se suman a las anteriores masacres en Tumeremo, El Callao, Guasipati, La Paragua, Kumaracapay y Santa Elena de Uairen, y pone en evidencia ante toda Venezuela y el mundo, lo que está ocurriendo en estas localidades al sur de Venezuela.
Sí, la usurpación ha convertido a gran parte de la región de Guayana en una zona al margen de la ley, en un área donde grupos delincuenciales se disputan el control, para hacerse con el negocio de la extracción y contrabando de oro, diamantes y de otros minerales preciosos que abundan en esa geografía.
Mientras el resto del país tiene que padecer las consecuencias de las pésimas decisiones económicas y políticas del usurpador, mientras el régimen sigue hundiendo más y más a los venezolanos en el foso de la inflación, en Guayana reina la anarquía, el desenfreno y la codicia en medio de una batalla de poder.
Y, no se trata solamente de la pugna entre pranes, sindicatos, y delincuentes comunes y corrientes, no. Esto va mucho más allá de eso, lo que podemos ver es que altos funcionarios gubernamentales y grupos policiales, militares y parapoliciales se disputan la zona con la crueldad de una guerra abierta, descarnada y sangrienta.
Nicolás Maduro es el único responsable de cada muerte que ocurra en la lucha por el negocio minero en el estado Bolívar; Nicolás Maduro es y siempre será el responsable por la pérdida de millones de dólares debido a este negocio paralegal, ilegal e inmoral que ha crecido bajo el amparo de los usurpadores de Miraflores que crearon ese desastre del Arco Minero.
Cada vez, y no lo cansaremos de decir, se suman más puntos y más justificaciones para que el responsable de la transición venezolana, junto con la Asamblea Nacional (AN) tomen la determinación de solicitar la activación real del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) y, sin ningún tipo de complejos, pedirle al resto del mundo ayuda ante la crisis de Derechos Humanos que se viven en el país.
Estas no son las primeras muertes por la guerra encubierta del oro en Guayana, y por los vientos que soplan no serán las últimas. ¿Qué esperan los militares honestos de Venezuela, si es que aún quedan, para salvar las vidas de los pemones que están siendo masacrados? ¿Qué espera la Asamblea Nacional para activar los protocolos que la Constitución dicta para pedir socorro al mundo democrático?
¡Señores! No podemos esperar más, el régimen tortura a niños, como sucedió en el población de El Tigre la semana pasada, asesina a los pueblos indígenas, anarquiza territorios enteros, y los entrega a la delincuencia con o sin uniforme… ¿Qué debemos esperar? Venezuela ya no aguanta más, no podemos permitir que el tiempo avance, llevándose consigo la vida de miles de venezolanos.