El martes en la mañana se reanudará una audiencia reservada en la que la Policía busca legalizar las capturas de al menos 5 personas, ejecutadas el pasado martes, 21 de enero.
Decenas de interceptaciones telefónicas, información de fuentes humanos y rastreos a cuentas bancarias, desencadenaron las detenciones, vinculadas a una investigación que busca desarticular a las células que vienen sembrando la violencia en medio de las marchas sociales que se registran en el país.
Aunque el caso se maneja bajo reserva, desde hace tres días este diario informó sobre un par de estas capturas, que fueron confirmadas por la propia Fiscalía.
EL TIEMPO estableció que oficiales de inteligencia le siguen la pista a una conexión entres esas células que actúan especialmente en Bogotá, y disidencias de las Farc, ubicadas en Arauca.
Desde ese departamento se estarían moviendo recursos e instrucciones para intentar desestabilizar a Bogotá en las manifestaciones.
“Hay evidencia de nexos entre los agitadores y las llamadas redes de apoyo al terrorismo. Las autoridades tienen videos de cómo, en plenas movilizaciones, encapuchados recibieron dinero e instrucciones desde varios vehículos”, le dijo a EL TIEMPO, la primera semana de enero, uno de los investigadores.