La figura de la omisión legislativa, declarada por la Sala Constitucional, es una estrategia política del mismo género que empleó Evo Morales, en Bolivia, cuando utilizó el Tribunal Constitucional para “legalizar” su reelección presidencial, a pesar de haber sido rechazado en un referendo de reelección, congruente con los limites de reelección establecida por la Constitución Boliviana. Referendo el cual logró burlar e ignorar con la complacencia del Tribunal Constitucional Boliviano.
Ahora aquí en Venezuela se utiliza la misma estrategia, para ignorar y burlar al Poder Legislativo a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y “renovar” así un poder electoral rechazado, por otro viciado.
Diferentes medios, una misma estratégia y un mismo fin, es el paralelismo de Venezuela y Bolivia.
Evo Morales en ese caso, utilizó la decisión del órgano judicial para imponerse como candidato, pero la estrategia backfired (fracasó) cuando la “victoria electoral” cantada como irreversible fue cuestionada nacional e internacionalmente, revelandose, gracias a la intervención de Comisiones Electorales Especiales, un fraude electoral masivo, a través de recursos tecnológicos, con servidores paralelos, de votos conminados, compra, venta y uso de votos y electores fantasmas, con la anuencia de los rectores corruptos del poder electoral boliviano.
Aquí es obvio, que a falta de legitimación política, había que subvertir la única institución que puede declarar la omisión legislativa, por solicitud “pre acordada”, como lo es la Sala Constitucional, obteniendo un “visto bueno legal” para “renovar” el árbitro electoral y convocar unas elecciones generales, incluyendo solo las parlamentarias, donde el fraude masivo electoral está calculado, con la ayuda de la pandemia, con un segmento de la oposición residual tarifada, al lado de rectores “renovados” complacientes.
Cuando hablo de subvertir las instituciones hablo de politizar aviesamente la imparcialidad y neutralidad institucional para un beneficio político particular, que en el caso de Venezuela, es permanecer en el poder. La imparcialidad no existe desde hace dos décadas en ninguna institución.
La declaratoria de omision legislativa permite garantizar politicamente con ventaja, el nombramiento selectivo de los nuevos rectores, saltandose el quorum parlamentario y el protocolo de la Comisión de Postulaciones.
Esta es la segunda o tercera vez que la Sala Constitucional, declara una omisión legislativa, en medio de una crisis política sin precedentes, donde lo prudente es exhortar que sea el organismo que representa la soberanía popular que haga su trabajo: el poder legislativo y no un poder contramayoritario como lo es el poder judicial cuyo nombramientos de magistrados se hizo el 23 de diciembre de 2015, acortando los lapsos de la Comisión de Postulaciones.
Este procedimiento de subvertir, acortar lapsos y suprimir exigencias académicas, no es ninguna tarea difícil para los magistrados, ya que de esa misma forma, ellos fueron designados.
Esta facultad de “legislar por omisión”, es uno de los errores de nuestra arquitectura legal, que debe corregirse.
En este hecho de la declaración de la omisión legislativa, su denuncia, es de rigor religioso, como siempre, rechazando formalmente esta urdimbre de la Sala Constitucional, tramada por un gobierno usurpador,con un poder judicial ilegítimo.
Lo más importante es denunciar este hecho material, formalmente, ante los organismos multilaterales regionales e internacionales y paises y organizaciones que apoyan al Presidente Interino, entitulándo la denuncia como el ardid de una hoja de ruta, para un fraude electoral masivo.
Ahora bien, si unimos las piezas del algoritmo político, en esta declaración de omisión legislativa, podemos concluir que la comunidad internacional como consecuencia de un reconocimiento de más de sesenta paises y más de cuatro organizaciones multilaterales, es obvio de esperar que la denuncia formal interpuesta, será declarada como procedente.