La situación del sector público universitario es calamitosa e, inexorablemente, le dará definitivo alcance al privado. En el curso del presente siglo, ya no cabe duda que la agudización de sus persistentes problemas responde a la estrategia deliberada de un régimen que es incompatible con la autonomía, la libertad de cátedra y la propia noción de universidad.
Nada circunstanciales, asuntos como el de la deserción masiva de estudiantes y profesores, la permanencia forzada de las autoridades, déficit crónico del presupuesto, el deterioro de la planta física, la desalarización, el asedio del hampa política y común, el fracaso de la educación presencial y virtual, o la desinstitucionalización de sus instancias de representación, obedecen a un propósito oculto y superior. Así, en términos metapolíticos, está afectada por los cambios experimentados o que pueda experimentar toda una geopolítica del saber, imposibilitando que la información y el conocimiento estratégicos caractericen igualmente a una sociedad a la que le son negadas la libertad y la paz, gracias a intereses ajenos y obscuros a Venezuela y a la venezolanidad.
El solo planteamiento de unos comicios autonómicos en cada una de las universidades públicas y autónomas, en estricto cumplimiento del artículo 109 de la Constitución, no sólo ha intensificado el intervencionismo sistemático y la extorsión del poder usurpador, respondiendo – así – a su misma supervivencia en riesgo, sino que ha afectado, neutralizado y condicionado cualesquiera resistencias democráticas en nuestras casas de estudios. En términos políticos, por muy asfixiante que sea la realidad, debemos parar la marcada tendencia hacia la desintegración de la comunidad universitaria, generadora de conductas omisivas o abiertamente colaboracionistas reñidas con una histórica tradición de luchas.
Demasiado evidente, la universidad venezolana no puede sola, aunque luce necesario evitar la desaparición definitiva de sus naturales núcleos dirigentes que sean capaces de un diagnóstico actualizado del novísimo sentido que adquieren sus problemas, incluyendo – al menos – una cuantificación de los daños ocasionados por el régimen, la reagrupación de las fuerzas que explican la vida universitaria, la denuncia sostenida de los problemas, y el esbozo de una superación del modelo rentista de la educación superior en Venezuela. En términos operativos, constituye un reto importante, añadido el concurso real del parlamento para el esfuerzo común, al igual que el urgente emplazamiento a los gremios aún sobrevivientes..
La Operación para la Paz y la Estabilización (OPE), derivada de la aplicación del TIAR con el concurso de otras agencias internacionales, significa recuperar territorialmente a la universidad devastada y vandalizada, re-institucionalizándola para el cabal cumplimiento de sus misiones ética, académica y sociopolítica. Los problemas fundamentales y, aun los que no los son, pasan por el cese de a usurpación, pero – valga el ejemplo de la universidad – requeridos del esfuerzo orientado, articulado y comprometido de todos los actores de la vida nacional en clave de responsabilidad histórica y no en la un mesianismo que constituye otra de las apuestas por siempre perdidas.