Por primera vez, una Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU, determinó que el régimen encabezado por Nicolás Maduro y agentes estatales han cometido crímenes y violaciones flagrantes de los Derechos Humanos (DDHH), tipificables como de lesa humanidad, los cuales, “lejos de ser actos aislados se cometieron de conformidad con políticas del Estado, con el conocimiento o apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno”, aludiendo a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, y a los Ministros del Interior y de Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino.
El informe, de 443 páginas, da cuenta de la existencia de centros de detención en los cuales se practican torturas que involucran al SEBIN (Inteligencia), la DGCIM (Contrainteligencia) y las FAES (Escuadrones Especiales de la Policía), con técnicas de humillación sexual, violaciones y maltratos de distinto orden, entre ellos la utilización de electricidad, esposamiento de detenidos de pies y manos, presencia de presos en las torturas infringidas a otros, humillación a familiares, detenciones arbitrarias, silenciamiento de opositores y ejecuciones extrajudiciales. La Misión destaca que el gobierno desconoce el Protocolo de Estambul de 2020 sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, y el Protocolo de Minnesota de la ONU de 2016, sobre muertes ilícitas, y solicita que el Estado exija cuentas e impida la comisión de nuevos actos.
Los expertos no pudieron visitar Venezuela por negativa del gobierno a sus reiteradas solicitudes, pero realizaron 274 entrevistas a distancia a víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios, abogados, ONG, y analizaron numerosos documentos confidenciales, identificando “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con políticas del Estado” que por provenir “de un curso de conducta generalizado y sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad”, pues las autoridades “tenían y ejercían el poder, con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia responsables de esas violaciones, y que tanto el presidente Maduro como los ministros de Interior y Defensa “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y 2552 incidentes, en los que se produjeron más de 5000 muertes de manos de las fuerzas de seguridad. El informe responsabiliza al CICPC y a las FAES del 59% de las muertes perpetradas y afirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales documentadas. Para la Misión, el papel del SEBIN ha sido identificar a la disidencia política y a activistas de DDHH, así como a opositores al gobierno, mientras que la DGCIM se ocupa del personal militar o de civiles presuntamente implicados en intentos de rebelión, aunque “se construyen delitos falsos, se plantan pruebas y se burla el debido proceso”. La Misión registró nombres de 45 funcionarios de los cuerpos de seguridad, cuestiona que el poder judicial no controló a los agentes estatales, y concluye en que “las autoridades deben llevar a cabo investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes e imparciales sobre las violaciones y crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas y se imparta justicia para las víctimas, las cuales deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido”.
La Misión de Investigación estuvo integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox y Paul Seils, y se originó de la resolución 42/25 del Consejo de DDHH de la ONU de 2019. Uno de ellos, Francisco Cox, confirmó públicamente que el régimen de Maduro se negó a aportar información y desconoció la legitimidad de la Misión, y que corresponde a la Corte Penal Internacional examinar el informe y los patrones de conducta del gobierno de Venezuela. Se trata de un documento importante para la Fiscalía de dicha Corte, la cual ha recibido antes peticiones de investigación a Maduro de parte de varios gobiernos, pero sus actuaciones son lamentablemente lentas y sesgadas.
Previamente al estudio comentado, en julio de 2019, la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU Michelle Bachelet, había presentado un informe en Ginebra, en el cual denunció que, en el último decenio, el régimen de Maduro puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, destacando además entre otros, y alineado con el informe de la Misión Independiente, lo siguiente: 1. El gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, restringiendo a los medios de comunicación independientes. 2. Se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud. 3. El gobierno se niega a reconocer la magnitud de la crisis y no adoptó medidas apropiadas. 4. Durante más de un decenio, Venezuela ha aprobado leyes, políticas y prácticas que restringen el espacio democrático, debilitan a las instituciones públicas y menoscaban la independencia del poder judicial. 5. Las autoridades han atacado a personas y grupos de oposición, a quienes se considera una amenaza, dada su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a personas. 6. Miles de personas, principalmente jóvenes, fueron muertas en enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años, muchas de las cuales constituyen ejecuciones extrajudiciales que deben ser investigadas y evitar su repetición. 8. La situación sanitaria del país es grave; los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad. 9. La impunidad ha permitido que se repitan violaciones de los DDHH y ha envalentonado a los autores, dejando de lado a las víctimas. 10. El número de personas obligadas a dejar Venezuela supera los 4 millones, y ha aumentado dramáticamente desde 2018. 11. En la mayoría de los casos, se sometió a mujeres y hombres detenidos a torturas, trato cruel, inhumano o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. 12. Las autoridades no han investigado con prontitud, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias de torturas y malos tratos. 13. Se documentaron casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, por parte de efectivos del SEBIN, de la DGCIM y de oficiales de la GNB.
Los elementos de juicio suministrados por ambos informes son contundentes. El régimen chavista, además de propiciar la violencia y albergar en el territorio venezolano a agentes del terrorismo y del crimen organizado, comete violaciones flagrantes de los DDHH, las cuales, por su intensidad y sistematicidad, tipifican como se concluye en el informe comentado, delitos de lesa humanidad que no prescriben. En lo personal, conozco de decenas de casos de personas que han sido arrestadas o perseguidas en forma arbitraria, sin respeto al debido proceso, como ocurrió también en mi caso, a raíz de la crisis política de 2002, cuando se pretendió sentenciarme sin juicio, obligándome como a tantos otros, a optar por el asilo político.
Pero es la primera vez que la ONU llega con tanta claridad y profundidad en un tema tan dramático y sensible, lo cual abona en la necesidad de encontrar medios que permitan a la salida de un régimen corrupto, oprobioso y destructivo en todos los órdenes. Las evidencias están sobre la mesa: aunque el régimen que usurpa el poder en Venezuela vocifere y trate de descalificar el informe, y a la ONU por supuestamente aliarse con EE.UU. para derrocarlo, esta realidad, junto a las analizadas en algunos de mis anteriores artículos, en especial los dedicados al accionar del Foro de Sao Paulo y a la “Trama Iraní”, ponen de manifiesto la desoladora y preocupante realidad venezolana y las graves amenazas que plantea a la paz y a los DDHH, lo cual no puede ser indiferente al mundo. Y como si lo descrito fuera poco, el régimen venezolano sigue impertérrito organizando elecciones fraudulentas, y rechazando el clamor de un pueblo por elecciones limpias, alternabilidad democrática, orden y paz, pretendiendo perpetuarse en el poder a cualquier costo, como lo reconocen y afirman sistemáticamente sus más altos voceros.