La justicia de Perú ratificó los nueve meses de prisión preventiva dictada contra cinco hombres acusados de ser los presuntos autores de la violación en grupo de una joven de 21 años en un distrito residencial de Lima, un caso considerado emblemático en la lucha contra la violencia de género en el país.
La medida fue tomada por la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima, que declaró infundados los recursos de apelación presentados por las defensas de los acusados y confirmó la decisión del juez Arturo Zapata, quien ya analizó el pedido fiscal sobre la denuncia y dictó el pasado octubre los nueve meses de cárcel preventiva para los imputados.
“La revocación hubiera supuesto un escenario de impunidad y hubiera sido un pésimo precedente para todos los crímenes sexuales en Perú”, celebró en declaraciones a Efe la directora de la organización feminista Flora Tristán, Liz Meléndez.
Los cinco acusados, amigos entre sí y menores de 25 años de edad, fueron denunciados por una chica de 21 años de haber sido violada en una casa del distrito limeño de Santiago de Surco en octubre del año pasado, cuando, a pesar de las restricciones sociales impuestas por la pandemia, un grupo de amigos se reunió para realizar una fiesta.
EXCARCELACIÓN NEGADA
Los investigados, José Arequipeño, Sebastián Zevallos, Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Manuel Vela, se enfrentan a una pena de entre 20 y 26 años de cárcel por el delito de violación sexual.
El pasado miércoles, la defensa de los cinco hombres presentó ante la jueza Aissa Mendoza Retamozo el pedido de revocación de la prisión preventiva, en una tentativa fallida de lograr su excarcelación mientras son investigados.
La solicitud hizo saltar las alarmas de entidades y voces feministas, quienes advirtieron que una eventual derogación de la cárcel preventiva podría sentar un “pésimo precedente” en la administración de la justicia del país y dar un mensaje de permisividad ante la violencia de género.
En concreto, esa medida busca evitar que la investigación en curso sea entorpecida y que, ante la gravedad del delito, los cinco imputados puedan huir de la justicia.
LA INCERTIDUMBRE FUE UN MALTRATO
La portavoz de Flora Tristán expresó a Efe su “conformidad” con la desestimación del pedido de la defensa de los acusados, pero criticó que la decisión judicial se haya tenido que realizar a través del sistema de votaciones, lo que provocó la demora de la resolución y causó “incertidumbre” a la víctima.
De acuerdo con Meléndez, el hecho de que la petición no se resolviera el miércoles pasado durante la audiencia, “no sólo hace dudar sobre la imparcialidad de los jueces” sino que demuestra que “había discrepancia” entre ellos.
“Nos preocupa que se haya tenido que pasar por esta situación de incertidumbre”, que se traduce como “un maltrato para la familia y la propia víctima”, denunció.
Meléndez insistió en la necesidad de que los imputados por este “crimen gravísimo” sean sentenciados en el lapso de los próximos nueve meses, sin que ese se convierta en “uno de esos casos que tardan años y años en tener justicia”.
“Hay que garantizar una investigación adecuada sin utilizar estereotipos de género para la impunidad”, añadió.
En este sentido, la vocera de la organización feminista recordó que en el transcurso de la investigación, los acusados han intentado deslegitimar a la víctima al afirmar que se trató de relaciones sexuales consentidas, aludir a su vida sexual previa y hasta asegurar que era “una chica que le gusta la vida social”.
“ME GUSTA LA VIDA SOCIAL”
Al estilo del tristemente célebre caso de “La Manada” en España, ese caso generó de inmediato el rechazo y la indignación en todo el Perú, que se exacerbó luego de que el abogado de uno de los detenidos asegurase que a la joven “le gustaba la vida social”.
La declaración del letrado generó una cadena de protestas en redes sociales y, en cuestión de horas, el mensaje “soy una chica a la que le gusta la vida social” fue compartido miles de veces y reproducido en carteles por artistas como Laly Goyzueta, Karina Jordán, Mónica Sánchez, Mayella Lloclla, Anahí de Cárdenas, además de periodistas, figuras políticas y organizaciones civiles de distintos sectores.
Las palabras del abogado incluso fueron criticadas por el entonces mandatario del país Martín Vizcarra (2018-2020), quien expresó que esos supuestos “atenuantes” en el delito “son inaceptables”.
EFE