Jemima Moraa sabe por experiencia propia dos cosas: que cuando más lo necesitas quizá nadie te asista y que si te hieren hasta el alma, incluso caminar duele. Por eso, instantes después de ser violada en Nairobi, lo primero que hizo fue mandar un SMS con la palabra “help” (ayuda) en busca de auxilio.
“No conocía otro sistema (de denuncia) que ese”, explica a EFE esta joven de 20 años. “Estaba sola, grité pero no apareció nadie, así que la única opción fue mandar ese mensaje”, dice al rememorar el asalto sufrido en 2019 en la oscuridad del suburbio de Mukuru.
Desde finales de 2016, año en que oficialmente la ONG Action Aid lanzó este proyecto de tecnología móvil junto a asociaciones kenianas como Africa Youth Trust y Wangu Kanja Foundation, casi 2.000 personas de este asentamiento informal -sobre todo mujeres- han reportado violaciones, maltrato y casos de abuso de menores, entre otros delitos.
“Lo primero que les pregunto es si están a salvo”, dice a EFE Everlyne Onyango, una de las operadoras que contactan de inmediato con las víctimas y, según lo sucedido, les ofrecen refugio, atención médica y psicológica o apoyo legal gratuito.
“(En caso de violación) les aconsejamos que no se laven para no eliminar pruebas”, continúa Onyango, acostumbrada -junto a un puñado de voluntarios- a monitorizar unas 60 denuncias mensuales. “Después el responsable de su caso les acompañará al hospital y, una vez con el informe médico, podrán denunciar en la comisaría”, desgrana.
La pandemia de covid-19, junto al cierre de colegios, ha desatado un aumento en el número de delitos sexuales, según denunció el Consejo Nacional de Administración Justicia keniano.
34 CASOS EN JUICIO
Denunciar y facilitar el acceso a la justicia a mujeres de pocos ingresos es uno de los principales objetivos detrás esta iniciativa, si bien muchas todavía se muestran reticentes por razones que abarcan desde la necesidad económica al estigma, pasando por la ineficacia de un proceso legal que puede demorarse años.
“Cuando se les obliga a ir a juicio una y otra vez llega un punto en el que se ven superadas. Tener que repetir lo ocurrido tantas veces refuerza el trauma y, al final, puede que crean que no merece la pena y retiren los cargos”, detalla Judy Oduor, responsable de proyecto de Action Aid.
Además, el perpetrador puede también “comprar” el silencio de la familia de la superviviente o sobornar a la policía y, por otro lado, muchas de estas mujeres no son independientes económicamente; algo que Action Aid intenta paliar desde 2017 mediante una pequeña beca para que funden sus propios negocios.
“De ahí la discrepancia entre el número de denuncias (vía SMS) y las que finalmente llegan a juicio”, lamenta Oduor. Del total, solo 175 casos fueron reportados ante la policía y, de ellos, tan solo 34 tienen un juicio abierto.
“DI A LUZ CON VENDAJES”
La pareja de Janet Bahati, de 26 años, la golpeó, roció su cuerpo con parafina y le prendió fuego. El 32 % de su piel resultó abrasada antes de que pudiera alcanzar la ducha. Cuando el agresor prometió ayudarla a mantener al bebé de ambos y a costearse operaciones de cirugía estética -algo que nunca cumplió- retiró los cargos.
“Di a luz (a mi hija) todavía cubierta en vendajes”, recuerda Bahati sobre las quemaduras sufridas en febrero de 2018. Tres años más tarde ha logrado trabajar en una tienda de electrodomésticos gracias a la misma beca diseñada para empoderarlas económicamente.
“Era un caso de tendencias suicidas”, recuerda a EFE Pauline Wachenie, psicóloga voluntaria de Africa Youth Trust y quién trató a Bahati durante cuatro sesiones. “Ahora ya vuelve a mirarse al espejo e, incluso, usa maquillaje sobre el rostro quemado”, explica en alusión a la rápida evolución de esta paciente; quien a su vez reconoce que hacer terapia le “ha ayudado a sanar más rápido”.
Según alertó el pasado noviembre la exministra keniana de Asuntos de Género Sicily Kariuki, el 50 % de las jóvenes en Kenia (de 15 a 24 años) “creen y aceptan que los hombres tienen derecho a golpear a una mujer por uno u otro motivo”.
Una mentalidad bajo la que se esconden estadísticas demoledoras, como que al menos el 45 % de las kenianas entre 15 y 49 años hayan sufrido violencia física y el 14 % violencia sexual, según datos gubernamentales basados en denuncias siempre escasas.
“Lo peor es cuando la gente piensa que es tu culpa y te preguntan: ¿qué estabas haciendo ahí a esas horas?”, confiesa con la voz quebrada Moraa, hoy empleada de un ultramarinos y formada en diseño de interiores. “La gente cree que si te violan es culpa tuya, pero yo ahora sé que no lo es”, medita.
Como ella, gracias al boca a boca y a campañas de sensibilización en calles y colegios, muchas otras jóvenes en Mukuru saben que enviando la palabra “help” al 21094 recibirán ayuda. Y también, que siempre habrá alguien dispuesto a acompañarlas en el arduo camino de hallar justicia.
“Muchas (supervivientes) terminan abrumadas por un sistema judicial que hace que se den por vencidas”, reflexiona Wachenie. “Pero yo siempre les digo una cosa -continúa- si queréis justicia, no podéis permitiros el lujo de rendiros. Tenéis que seguir presionando y presionando y presionando”.
EFE