Un tribunal federal confirmó un juicio por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra un empresario relacionado con el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) de México, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), informó este jueves que obtuvo una resolución favorable en un juicio de amparo indirecto promovido en contra de una sentencia de apelación que había interpuesto el empresario Luis Antonio Valenciano Zapata.
En noviembre de 2020, la FGR consiguió la vinculación a proceso de Valenciano Zapata, identificado como Luis “V” por la FGR, involucrado en la llamada Estafa Maestra.
“En su carácter de accionista y administrador único de una empresa, en conjunto con otras personas, se le atribuyó probablemente la obtención ilegal de una fuerte suma de dinero en el año de 2014, provenientes de recursos federales de una Secretaría de Estado, a través de servicios simulados”, indicó la FGR.
En el reporte, la FGR señaló que el pasado 9 de marzo de 2022, un tribunal unitario en el Estado de México negó el amparo y protección al quejoso Luis “V”.
Además, dijo que el tribunal de amparo consideró que los datos de prueba aportados establecen la presunción de que se cometieron “los hechos atribuidos al quejoso”.
La Estafa Maestra es una trama que en 2017 denunciaron el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La investigación desveló que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) había usado “empresas fantasma” para desviar recursos mediante convenios fraudulentos.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), Rosario Robles está acusada de permitir el desvío público de más de 5.000 millones de pesos (245 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en este caso.
En octubre pasado, un juez rechazó liberarla del penal de mujeres de Santa Martha, en Ciudad de México, donde lleva encarcelada desde agosto de 2019 a la espera de juicio por riesgo de fuga.
En diversas entrevistas, la exfuncionaria ha expresado que se considera una perseguida del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ha denunciado que contra ella “se ha descargado todo el poder de un Estado”.
EFE.