Detenciones y vulneraciones no frenan ética y lucha del periodismo en Venezuela

Vista de una manifestación en la que se reclama libertad de expresión, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

 

Periodistas venezolanos se mantienen en pie de lucha a pesar de las adversidades, se trata de una profesión que está sumergida en retos. Medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales han tenido que sortear las dificultades desde hace más de 20 años.

Por María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA





De acuerdo a información del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), hasta el 2021 tenían un registro de 20 medios de comunicación impresos que se mantienen de pie, pero estos no circulan todos los días. Mientras que, según datos del Colegio de Periodistas en Lara en la región hay más de 45 medios de comunicación distribuidos entre los tradicionales digitales y los comunitarios.

La organización Espacio Público, en su informe “Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela” del 2021, detalla que en el país los diarios impresos son escasos y con tirajes limitados. Según la información en 2015, el 38,8% de la población utilizaba los diarios impresos para informarse, mientras que en el año 2021 fue de apenas el 3,1%.

En cuanto a la radio y la televisión, tanto abierta como de suscripción, también está sometida a las regulaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo que además clausura emisoras y también programas.

En el caso de los periodistas del Diario La Prensa de Lara, aún se mantienen de pie a pesar de las dificultades en el país, el periódico tiene una circulación de tres veces por semana impreso distribuido en los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los días martes y jueves se publica de manera digital.

Los periodistas del Diario La Prensa de Lara se esfuerzan por la búsqueda de la noticia; mientras que un equipo sale a la calle acompañado de fotógrafos, quienes hacen “la llave perfecta”; otro equipo se queda en la redacción debatiendo temas para su publicación. No hay que olvidar a los periodistas que forman parte de la página web, ellos se mantienen de manera rigurosa rastreando todas las informaciones pertinentes.

Atropellos
De acuerdo a la ONG Espacio Público, durante los primeros cinco meses del año 2022 han contabilizado 82 casos de violaciones a la libertad de expresión.

En enero se registraron 24 casos; en febrero 19; en marzo 20; en abril 8 y en mayo 11 casos. De los 82 casos, el 42,3% fueron de censura, el 21,5% de intimidación, el 16% de hostigamiento verbal, el 7,4% de amenazas, el 7,4% de restricción administrativa, el 4% de hostigamiento judicial, el 0,7% de agresión.

Juan Quintero, defensor de los derechos humanos y miembro de Monitor de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) de Venezuela, dijo que sin duda alguna el Gobierno nacional intenta frenar a los periodistas de los diferentes medios de comunicación “y es el primer sector que ellos atacan, teniendo ínfulas de censura y represión”.

Agregó que desde el 2010 se agudiza el tema de las agresiones y hasta detenciones de periodistas; sin embargo, desde el 2014 cuando los gremios, sindicatos y sociedad civil se mantienen en las calles protestando, los periodistas también han sido atacados “porque se encargan de difundir lo que está ocurriendo, porque no les conviene que se enteren ni dentro ni fuera del país lo que sucede”.

No es valorada
Aura Rosa Matheus, secretaria general del Colegio de Periodistas en Lara, la profesión cada día se encuentra menos reconocida. “La pandemia golpeó, además del poco acceso a la gasolina hace que no todos los equipos puedan cubrir en calle”, detalló que todos los medios de comunicación se están viendo afectados desde su propia realidad, y detalló que el 50% no tiene reportería de calle por el problema de la movilidad.

“Los periodistas somos la voz de todas las personas, además que educamos, entretenemos, informamos y hasta prevenimos cosas, pero somos olvidados por el Estado”, dijo. Agregó que a pesar de que en la institución no han llegado casos sobre violación a la libertad de expresión, agresiones o cualquier otro ataque al trabajo diario en los medios de comunicación, reconoce que sí los hay, pero no se han formalizado.

Carreño, más de 600 días preso
María Alejandra Poleo, abogada defensora de los DD. HH., indicó que el periodista venezolano Roland Carreño cumplió el viernes, 17 de junio, 600 días de “detención arbitraria”. Se le han modificado las audiencias y el juicio.

La detención de Roland Carreño ocurrió el 26 de octubre de 2020, y se encuentra bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En mayo de 2022, el fiscal de la causa afirmó que Carreño “financiaba entidades terroristas, pero no nombró cuáles”. Asimismo, la coalición indicó que Carreño formaba parte de una conspiración, pero tampoco dijo cómo y qué hizo.

Periodistas permanece en la ONA
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advirtió que dos periodistas cumplieron 120 días detenidos por entrevistar a presuntos vinculados con el narcotráfico.

El CNP indicó que Ramón Centeno y Gabriel Guerra están presos en la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

“Sin orden judicial y bajo flagrante violación al debido proceso permanecen privados de su libertad”, denunció el CNP el 6 de junio. Advirtió que a Centeno y a Guerra los imputaron “por los presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones”.

Con un expediente desde 2019
Dos años y 10 meses. Todo ese tiempo duraron las medidas cautelares contra el periodista y activista Luis Carlos Díaz. Sin embargo, el 1° de febrero de 2022, el Tribunal 31° de Control de Caracas archivó su caso, lo cual dejó sin efecto todas las restricciones que se le habían impuesto.

De acuerdo con la asociación civil Espacio Público, la jueza Vanerkis Márquez pasó su expediente al archivo judicial, lo que significa que la investigación contra Díaz queda suspendida, “a menos que surjan nuevos elementos de convicción suficientes”. De igual modo, ordenó el cese de todas las medidas de coerción dictadas por ese mismo tribunal.