Un juez ha decido procesar a tres exjefes de la banda terrorista ETA por un secuestro y asesinato del que se van cumplir 25 años, que conmocionó a España y generó una masiva reacción social en contra del terrorismo.
En un auto notificado este viernes, el juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón, que llevó el caso hace 25 años, acuerda citar como investigados a tres exjefes de ETA que formaron parte del comité ejecutivo de la banda, por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, concejal del conservador Partido Popular en la localidad vasca de Ermua.
El magistrado dirige el procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, contra Miguel Albisu Iriarte, María Soledad Iparraguire y José Javier Arizcuren Ruiz por delitos de secuestro y asesinato terrorista.
El juez ha emitido una nueva Orden Europea de Detención y Entrega a Francia, para que le permita ampliar los motivos por los que en su día fue devuelto a España Javier Arizcuren Ruiz y poder así interrogarle por estos hechos.
Además de considerar responsable a otro exjefe, Ignacio de Gracia Arregui, si bien en su caso los delitos se consideran prescritos.
El juez ha dado este paso tras recibir la semana pasada un informe que encargó a la Guardia Civil española, para determinar los miembros que integraban el comité ejecutivo de la banda y su posible participación en el secuestro y asesinato.
Según el informe, los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales, que ya fueron condenados, tuvieron “una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba” dicho órgano “con capacidad real, durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo”.
En 1997, la dirección de ETA decidió acciones terroristas contra miembros del Partido Popular, que gobernaba en España, como el secuestro de un militante de esta formación bajo la amenaza de asesinato si el Gobierno no accedía a sus exigencias, que en el caso de Blanco fueron el acercamiento a cárceles del País Vasco (norte) de presos de la banda recluidos en distintas cárceles.
El magistrado considera “improbable” que una acción terrorista como la llevada a cabo contra Blanco fuese realizada por un comando sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas de la dirección de la banda.
Sin embargo, pese a los múltiples llamamientos que se produjeron desde la gran mayoría de la sociedad civil, con multitudinarias manifestaciones, y de la clase política, los responsables de ETA, recalca el juez, “no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro ni la muerte de la víctima” el 13 de julio de 1997.
El próximo domingo está previsto en Ermua un homenaje al concejal asesinado, con la asistencia entre otros del rey de España, Felipe VI, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
ETA anunció en 2011 el fin de la actividad armada y en 2018 su disolución, después de casi seis décadas de actos terroristas que provocaron más de ochocientos muertos.
EFE