Aumenta el hurto y la comercialización ilícita de material estratégico en el sur del estado Anzoátegui, según habitantes de la zona, quienes denuncian que chatarreros están desmantelando a las instituciones públicas.
Susana Quijada // Corresponsalía lapatilla.com
Colegios, campos deportivos, instalaciones petroleras, subestaciones eléctricas y hasta tumbas han sido profanadas por los llamados chatarreros.
El municipio Simón Rodríguez no escapa de esta realidad. Así lo indicó el mandatario local, Ernesto Paraqueima, quien emitió un decreto en el que prohíbe la comercialización de chatarra.
“Un decreto bien importante para la ciudad de El Tigre y que debería ser copiado por otras ciudades que se están arruinando con todo el desvalijamiento que está pasando con el tema de la chatarra. Escuelas, liceos, casas, portones, las bocas de visita, todo esto se lo están llevando”, expresó Paraqueima.
En el municipio Pedro María Freites también se ha venido dando con mayor frecuencia este tipo de delitos, según la denuncia realizadas por habitantes de diferentes comunidades indígenas.
El gobernador de Kashama dijo que en las tierras de la etnia kariña continuamente se registran cortes de tuberías petroleras.
“Unas 120 mil hectáreas, donde la actividad petrolera ha dejado bastante instalaciones sin producir, eso ha traído como consecuencia que el mismo Estado venezolano envía muchas gandolas y compradores y hasta mismo funcionarios de seguridad”, expresó Maita.
La fuente asegura que en ocasiones los indígenas son contratados para realizar esos cortes.
“Los contratan o ellos trabajan por cuenta propia y allí los detienen, pero a los que están por arriba no”, expresó Maita.
Alcide Barroso, Gobernador de Mapiricure, denunció que en días recientes 14 habitantes de la comunidad indígena que representa y de Mare Mare fueron detenidos por hurto de material estratégico. Pidió que se les juzgue por la Ley Indígena.
“Para nadie es un secreto que aquí se vienen lucrando otras personas, menos nosotros los indígenas”, manifestó Barroso.
Este delito fue denunciando por los nativos en la Defensoría del Pueblo, organismo que será el encargado de organizar mesas de trabajos con los cuerpos policiales y militares para abordar la situación.