El Presidente Joe Biden interrumpió brevemente sus vacaciones en la isla la semana pasada para firmar una ley de gasto público por valor de 1,7 billones de dólares, culminando así una intensa actividad legislativa de dos años que puede remodelar la economía estadounidense y situar a Biden entre los presidentes con mayor repercusión económica del último siglo.
Sin embargo, en su vuelo de regreso a Washington el lunes, Biden se enfrentaba a retos que podrían amenazar ese legado, como la posibilidad de una recesión mundial y la alta probabilidad de bloqueo legislativo en un gobierno federal recién dividido, ahora que los republicanos han asumido el control de la Cámara de Representantes.
Una prueba vital a la que se enfrenta Biden es hacer que todas sus nuevas leyes económicas funcionen según lo previsto.
Gran parte de su legado económico dependerá de la eficacia con que su administración asigne los billones de dólares en gastos e incentivos fiscales contenidos en las leyes económicas que Biden promulgó durante sus dos primeros años de mandato.
En toda la Casa Blanca y en varias agencias, los funcionarios están tratando de estirar los dólares para cumplir los ambiciosos objetivos de Biden, entre ellos poner Internet de alta velocidad a disposición de todo el país, sustituir todas las tuberías de plomo que transportan agua potable y construir una red nacional de estaciones de recarga de vehículos eléctricos.
En esos casos y en muchos otros, los funcionarios están trabajando con mucho menos dinero del que el presidente había propuesto inicialmente, un efecto secundario de los compromisos que aceptó para obtener el apoyo bipartidista para promulgar su agenda.
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