Cada 16 horas una venezolana estuvo en riesgo de muerte en el mes de enero, denunció la AN

Cada 16 horas una venezolana estuvo en riesgo de muerte en el mes de enero, denunció la AN

Una mujer camina frente a imágenes del expresidente venezolano Hugo Chávez el 4 de agosto de 2020 en Caracas (Venezuela). La madrugada del 13 de marzo de 2019 la Policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza en el barrio pobre de Macarao, en el oeste de Caracas, y lo detuvo bajo acusaciones que aún a la día de hoy, no están claras. Minutos después, en una calle cercana a su vivienda, lo ejecutaron de un disparo en el pecho. EFE/RAYNER PEÑA R.

 

Cada 16 horas una venezolana estuvo en riesgo de muerte en el mes de enero, denunció la Asamblea Nacional a propósito del Día Internacional de la Mujer

La Asamblea Nacional debatió el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad que actualmente se encuentran sometidas a tortura y demás tratos crueles e inhumanos en los distintos recintos penitenciarios.





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La diputada Milagro Sánchez Eulate inició el debate recalcando que “no podemos dejar de mencionar las condiciones a las que están sometidas las mujeres privadas de libertad. Y hay que son víctimas de tratos crueles e inhumanos en todos los recintos penitenciarios en la sesión ordinaria de la comisión permanente del culto y régimen penitenciario debatimos sobre los derechos civiles jurídicos y políticos, por supuesto concluimos No hay derecho asistido a la mujer privada de libertad. El estado venezolano es quién debe ser garante y sin discriminación de la vida”.

Sánchez denunció que “a mujeres las tiene en hacinamiento en una constante falta de alimentación adecuada, de agua potable, de atención médica y medicina. Todo esto nos conlleva que corran riesgo de vida. Por cuánto está sujeta a cualquier tipo de enfermedades como hepatitis y paludismo con sin tener ningún asistencia de salud o tuberculosis , enfermedades que fueron erradicadas en Venezuela que hoy azotan hasta la población infantil”.

La diputada destacó que en las cárceles “aumentan cada año la violencia sexual con el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o embarazo no deseado o por desnudez forzada, amenaza de violación, tocamientos inapropiado“.

“En Venezuela, tenemos una cantidad significativa de mujeres civiles y militares privadas de libertad por razones políticas sin haber cometido ningún delito, más que ejercer su derecho a levantar la voz en defensa de sus ideales de sus críticos de su libertad siendo torturadas cada vez que le da la gana siendo víctima de violación”, informó Sánchez.

La parlamentaria denuncio que los familiares de las privadas de libertad también son sometidas a violaciones “su madr,e su hermana y sus hijas también como mujer han sido humillada y maltratadas. Hasta en dólares pretenden cobrarles para poder asistir atender a su familiar y poder tener acceso para darle la mano, un abrazo, una mirada para decirle aquí estamos. Por tanto, sus familiares están siendo víctimas de acoso sexual para poder asistir el derecho de visitar a su familiar “.

Para Sánchez, “el sistema penitenciario en Venezuela no permite la reinserción social y eso es lo que debe hacer el estado: garantizar la salud, garantiza la educación y garantizar la asistencia sanitaria. La mujer privada de libertad se ve obligada a aceptar abusos sexuales para poder acceder a un alimento o algún artículo de higiene como toallas sanitarias”.

Un grupo de internos del penal de mujeres Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, Venezuela, el 2 de julio de 2021. (Foto de Jesús VARGAS / AFP)

 

Por su parte, la parlamentaria Yanet Fermín considera que es necesario “recordar y concientizar sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos y sobre todo proteger sus derechos y garantizar que estas puedan alcanzar todo su potencial, como también visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo y las que más nos duelen”.

“El régimen pretenda simular que es garante y paritario en su representación de hombres y mujeres en Venezuela”. Sin embargo “no existen condiciones, ni garantías legales, ni democrática que le permitan promover y fomentar condiciones aceptables para contrarrestar la discriminación y desigualdad que sufren nuestras mujeres en Venezuela que luchan día a día contra la inflación, deterioro de los servicios públicos, la compra de alimentos y demás requerimiento para cada hogar venezolano”, sentenció Fermín.

La diputada denunció que en Venezuela “no hay una oportunidad para nuestras mujeres profesionales porque la brecha salarial es dantesca, si se equipara con el déficit presupuestario obstaculizando una remuneración justa. No existen políticas públicas que incrementen puestos de trabajo como tampoco hay oportunidad de justicia para nuestra 20 mujeres detenidas como lo son: Ivón Coromoto Barrio Finol, Emile Henry Carolina Benítez Carla da Silva María Auxiliadora Delgado, Ángela Lizbeth Espósito Carrillo, Karen Hernández Rodríguez, María Ana María Pernía, Yanin Fabiana Pernía Coronel, la Teniente Karl Anthony Santos Farías, Sargento Diana Daniela Díaz Cárdenas, Sargento Samaira del Valle Romero Armario, Sargento Yurimar del Valle Rangel González, Sargento Yulimar Montilla Ortega, Angie Asuaje, Estela Carolina Ortega Velázquez, Mari Francy Marcano, Karen Hernández Rodríguez y Estela Carolina Rincón“.

Así mismo, Fermín señaló que “cada una de ellas, con una historia que la convierte en guerrera, cuando es el régimen de Nicolás Maduro quien las mantiene privadas de libertad por razones políticas. Cuatro de ellas presas fueron condenada a 30 años de prisión la pena máxima en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y rebelión”.

Fermín recordó que “el informe de la comisión de los derechos humanos y de la misión de determinación de derecho de las Naciones Unidas documentan que estas mujeres presas fueron Víctimas de tratos crueles e inhumanos torturas, desapariciones forzosas e incluso violencia sexual por parte de los funcionarios de seguridad que deben velar por la situación de nuestras privadas de libertad”.

Inof de Los Teques. Foto: Cortesía

 
La diputada Mildred Carrero aprovedó la oportunidad para agradecer a “a todas aquellas mujeres que dieron sus vidas, perdieron su libertad y seguridad en defensa del derecho de todas”.

Carrero resaltó que “mientras en el mundo occidental, el derecho de la mujer avanza hacia posiciones igualitaria, en Venezuela estamos retrocediendo y perdiendo los logros alcanzados por el trabajo de las mujeres para la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Hoy tenemos que nosotras las mujeres, en todas las áreas del sector público, estamos siendo objeto de vejámenes y discriminación por razones de género; lo que es contrario a nuestra Constitución nacional. Vemos a diario actuaciones por parte de individuos que trabajan en los medios de comunicación afecto al régimen, violando la integridad moral y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Son muchas las mujeres como las docentes, quiénes se reclaman sus derechos laborales y son sometidas a trabajar en condiciones infrahumanas. Igualmente pasa con las médicos, enfermeras, secretarias, obreras jubiladas, funcionario de los tribunales y demás órganos”

“En Venezuela, el régimen encabezado por Nicolás Maduro, quién se jacta de su preocupación social, es por hoy un país en el que ser mujer es una carga. En un país que nos obliga a trabajar con más ahínco para lograr el cese de la tiranía, el rescate de la democracia y el estado de derecho, así como la implementación total de los Derechos Humanos en condiciones igualitarias, justas y equitativas de todos los habitantes de la república”.

“Debemos destacar con énfasis especial el hecho que las mujeres presas de Maduro por razones políticas son Víctimas de tortura tratos crueles inhumanos por razones de no estar de acuerdo con el sistema opresor, oprobioso y tiránico de Nicolás maduro y sus acciones que atentan contra los Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad. En definitiva son delitos de lesa humanidad, por ello, la fracción de Encuentro Ciudadano aprobamos la emisión de un acuerdo por el Día Internacional de la Mujer en defensa del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad recluida en las mazmorras del régimen opresor”.

Fotografía fechada el 6 de enero de 2021, que muestra a una mujer mientras recibe un donativo, en Caracas (Venezuela). Cansada de recorrer las calles pidiendo comida para su nieto de 4 años, la venezolana Carmen Bellorín se sienta en las cercanías de una concurrida avenida de Caracas suplicando que algún alma piadosa le regale algo. Lo que sea, cualquier cosa que le permita llenar el vacío estómago del niño. EFE/ Rayner Peña R

 

Además, la diputada Liz Jaramillo agregó que es importante “visibilizar los derechos y el estado de vulnerabilidad de los derechos a los que nos encontramos sometidas las venezolanas desde el pasado 9 de enero, ya casi cumplir 3 meses, se encuentran los empleados y trabajadores públicos en la calle”.

Jaramillo explicó que la empleadas del sector público están “exigiendo reivindicaciones laborales y el derecho la dignificación de su salario”.

Según Jaramillo, “existen cifras y datos abiertos que nos permitan determinar la efectividad de las políticas públicas en materia de género, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, hemos podido representar algunos datos que nos alertan y que nos preocupan en solo en el mes de enero, cada 16 horas en promedio, hay una acción feminicida, 18 femicidios consumados y 19 en grado de frustración”.

Cada 16 horas una venezolana estuvo en riesgo de muerte solo en el mes de enero, cinco venezolanas han muerto en el exterior”, informó la diputada.

Además, “continuado aumentando la migración de la masa laboral masculina, es decir, que quienes se quedan en el país son mujeres cabezas de hogar y sigue poniendo rostro de mujer a la pobreza en Venezuela, ante la carencia de efectivo y calidad de servicios públicos”, lamentó la parlamentaria.

Solo el 32.9% de las mujeres encuestadas por Covit están ocupadas laboralmente. Esto se traduce en más mujeres retiradas de un mercado formal laboral y con menos posibilidades de competitividad y de ascenso laboralmente. Esto nos hace reflexionar sobre el compromiso que tiene el Estado venezolano con las mujeres. Esto no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, es un problema de derechos humanos con las venezolanas”, concluyó Jaramillo.