Entre los temas que se hacen presentes en la Universidad Central de Venezuela cada vez que se aproximan elecciones para escoger autoridades, destaca el de la actualización de las carreras y la modernización de los planes de estudio. Al respecto, tiende a cuestionarse la inadecuación (al menos parcial) de la oferta a las necesidades del país o del mundo globalizado, y la insuficiente modernización de los programas.
Y no hay duda de que la percepción acerca de la pertinencia del cambio está claramente justificada en muchos casos. El plan de estudios de la Escuela de Derecho, por ejemplo, viene de los años 50 del siglo pasado, y apenas si se le han hecho algunos remiendos. Pero aclaremos en principio que las reformas curriculares, en las universidades autónomas, son siempre de más difícil concreción que en las universidades experimentales o en las privadas, dado que las transformaciones no se imponen, sino que son el resultado de acuerdos entre autoridades, estudiantes, profesores, y jefes de cátedras y departamentos. Ahora bien, aparte del hecho de que muchos planes y programas nos parecen anticuados, ¿en qué se fundamenta nuestra convicción acerca de la necesidad de cambiarlos? ¿Qué sabemos con rigor acerca de su funcionamiento y las consecuencias de su aplicación?
Hay que decir que lo que sabemos técnicamente es poco, o nada. No se hace un gran esfuerzo en la universidad para tener conocimiento acerca de la vida profesional de sus egresados, que es lo que mejor nos puede revelar el grado de calidad de la formación recibida. Esto no es igual en las diferentes escuelas, pero puede afirmarse que, en términos generales, no se sabe con exactitud cuántos de sus egresados están trabajando en la profesión en la que se graduaron y específicamente en qué tipo de trabajo; cuántos están haciendo postgrados en el área; cuántos dictan clases; cuántos, de los graduados que emigraron, han logrado revalidar sus títulos en otros países y encontrar un empleo relacionado con sus estudios; en qué áreas particulares de la práctica profesional destacan los graduados y en qué áreas no tanto; cuántos cursaron otras carreras antes o después; cuántos hacen investigación y publican trabajos en revistas especializadas, cuántos ganan concursos para ocupar cargos docentes o empleos en la Administración, etc. Obtener conocimiento sobre estos temas y otros que están relacionados es decisivo para evaluar el funcionamiento de una institución académica. La universidad tiene que examinar no sólo lo que ocurre durante los estudios de sus alumnos (selección, rendimiento, deserción) sino también lo que pasa después. El tipo de evaluación que hace de sí misma con esta clase de datos, es sin duda más objetivo y confiable.
Si no sabemos qué sirve y qué no, qué funciona y qué no, es difícil diseñar racionalmente las reformas curriculares que la institución requiere. Tenemos que acostumbrarnos a medir con objetividad los resultados de lo que hacemos, y a concebir los cambios, no con fundamento en los prejuicios o las preferencias particulares de quienes intervienen en el proceso , sino esencialmente en lo que nos dice la vida profesional de nuestros egresados. En la actualidad, este tipo de trabajo, o se lleva a cabo en pequeña medida o no se lleva a cabo en absoluto, lo cual no ayuda a adoptar decisiones que tengan un impacto real en la modernización de las carreras. Es cierto que esta tarea, la cual contribuiría a darle fundamento empírico a las propuestas de reforma, también requiere recursos para que pueda realizarse adecuadamente, pero ignorarla tiene sin duda un costo mucho más alto para la sociedad y para el Estado.