En la noche del lunes 14 de agosto se conoció que el presidente Gustavo Petro firmó la resolución a través de la que fue designado a Salvatore Mancuso como gestor de paz del Gobierno nacional.
Por infobae.com
En dicho documento conocido por Infobae Colombia quedaron establecidas las funciones que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tendrá que cumplir mientras es revisada su petición de ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y comparece ante la justicia ordinaria por crímenes cometidos por dicho grupo paramilitar.
Uno de los primeros encargos será contribuir con procesos de desarme colectivo de grupos ilegales en el país y que tienen un alto impacto en las actividades criminales. La resolución precisó al respecto que Mancuso Gómez debe aportar al diseño de dichas estrategias con enfoque en las regiones donde centró su actividad ilícita.
Tema aparte, el artículo 2 de la normativa señaló que el Ejecutivo solicitará a las autoridades correspondientes la suspensión de las medidas judiciales que estén vigentes en su contra, “sin perjuicio de la continuidad de su comparecencia ante las salas de Justicia y Paz y ante otras instancias judiciales”.
A finales de julio, el fiscal general, Francisco Barbosa, había asegurado en medio de las reacciones por el nombramiento de Petro sobre Mancuso que este no podrá quedar en libertad en caso de retornar a Colombia. Sobre esto, explicó en diálogo con Noticias Caracol que el exjefe del Bloque Catatumbo de la estructura paraestatal debe afrontar los procesos que tiene pendientes por afrontar en Colombia por los crímenes perpetrados durante el conflicto armado.
Además, no existe una ley de sometimiento a la justicia que permita al presidente de la República expedir decretos pidiendo la libertad de personas que hicieron parte de grupos armados ilegales sin un reconocimiento político. Así las cosas, Mancuso Gómez tendría que ejercer su vocería de paz desde una cárcel a menos que sean levantadas las medidas judiciales acatando la petición del mandatario y en cumplimiento del decreto 1175 de 2016.
Dicha normativa estableció que “el Gobierno nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley” y que la suspensión de esas medidas no conlleva a una suspensión automática del proceso penal.
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