En los últimos años Venezuela ha padecido una serie de sucesos criminales sin precedentes en su historia; las organizaciones armadas han tomado fuerza y notoriedad suficientes para paralizar ciudades enteras y generar combates similares a los de una guerra. A pesar de que la criminalidad en el país ha sido una constante preocupación para la ciudadanía desde hace cuatro décadas, su estructura y alcance se ha transformado de forma permanente, manifestándose cada vez con mayor violencia, sofisticación y organización.
Por VE360
En busca de una comprensión más profunda sobre el fenómeno, en esta primera parte exploramos los antecedentes, causas y contexto que han dado lugar a la evolución de las Megabandas.
Décadas 1980-1990: los inicios
Antes de los años 80, Venezuela era un país seguro y estable en comparación con el resto de la región. Sin embargo, a partir del “viernes negro” en 1983, inicia una crisis generalizada debido a la caída de los precios del petróleo; lo cual impacta severamente en la economía, la sociedad y el Estado. Durante esa década la pobreza incrementa aceleradamente, el Estado enfrenta severos problemas debido al déficit presupuestario y la corrupción, y el sistema político inicia un proceso de decadencia debido a su incapacidad de atender los problemas del país.
A finales del milenio, la situación es crítica, ocurriendo una cadena de sucesos que demostraban el colapso del sistema. El primero de ellos fue “El Caracazo” en 1989, seguido de dos golpes de Estado fallidos en 1992; al año siguiente el presidente Carlos Andrés Pérez es destituido bajo cargos de peculado, y en 1994 se desata una gran crisis bancaria.
Los problemas iban mucho más allá de un déficit fiscal o una disminución en las arcas del Estado. Mientras que la mayor parte del país se sumergía en la pobreza y las instituciones del Estado se veían sobrepasadas por la crisis; los pactos políticos y sociales que habían regido al país durante las últimas tres décadas, se resquebrajaban irreversiblemente.
El Auge delictivo
En medio de este escenario, una de las principales consecuencias sociales de dicha crisis tuvo que ver con el incremento de la inseguridad. Durante la década de 1980, el delito común aumenta constantemente, convirtiéndose en un problema creciente para la población. El fenómeno delictivo que comienza a surgir tiene unas características específicas:
– Se concentra principalmente en las grandes ciudades del país.
– Es mayoritariamente desorganizado, improvisado e impulsivo.
– Cada vez hace mayor uso de la agresividad y la violencia.
Delitos como el hurto, el robo, el robo de vehículos o el secuestro se dan cada día con más frecuencia. Sin embargo, el aspecto más grave tiene que ver con el aumento de la violencia, especialmente la homicida, que a partir de 1990 comenzará una tendencia al alza casi permanente.
La respuesta que el Estado emplea es mediante políticas represivas; con enfoque predominantemente policial, orientado al encarcelamiento masivo. Sin embargo, la desatención de problemas institucionales estructurales como la falta de preparación policial, la corrupción, la obsolescencia del código penal, y los retardos procesales; hacen que las medidas, contrario a ayudar a solventar el problema, contribuyan a agravarlo.
Sucesos como la tomas de rehenes de San Román (23/6/1995) y Terrazas del Ávila (15/4/1996), ilustran muy bien la situación que se vivía en el país. En ambos casos delincuentes, principalmente jóvenes, trataron de someter y robar violentamente a sus víctimas. Producto de su improvisación y desorganización, fueron detectados y rodeados por la policía, que a su vez debido a su descoordinación y mala praxis, terminó matando tanto a criminales, como a rehenes.
Inicio de la crisis penitenciaria
No obstante, la consecuencia más grave de estas políticas fue el rebasamiento del sistema penal en su conjunto. Las detenciones masivas hacen que en poco tiempo se triplique la población penitenciaria, pues el retardo procesal hacía que los inocentes se mantuvieran detenidos y los culpables quedaran presos sin juicio, durante meses o años (Mallorca,1989). A su vez, el sistema carcelario que desde siempre fue ineficiente, entra en colapso debido al hacinamiento (que es tres veces superior a su capacidad); todo ello en un contexto de recortes presupuestarios y crisis institucional, lo que resultó en varios incidentes que provocaron la pérdida de cientos de vidas. Es así como las cárceles se convierten en depósitos humanos donde las condiciones de vida son críticas y el Estado no garantiza nada.
Por ejemplo, el 3 de enero de 1994, se registró un trágico suceso en la cárcel de Sabaneta, situada en Maracaibo, estado Zulia, en el que perdieron la vida 108 presos. El incidente se originó a raíz de un motín que se desató entre los reclusos, lo que provocó un incendio que se propagó rápidamente. Es el peor episodio en la historia carcelaria de Venezuela en términos de número de víctimas fatales.
Otro hecho similar ocurrió el El 22 de octubre de 1996 , cuando se produjo un incendio en el pabellón 4 de la Cárcel La Planta, ubicada en la Ciudad de Caracas, que dejó un saldo de 29 personas fallecidas. Este trágico suceso fue provocado por la Guardia Nacional luego de encerrar a varios reclusos en una celda pequeña, quienes protestaban por el maltrato de algunos funcionarios. Posteriormente, los oficiales arrojaron cuatro bombas lacrimógenas, lo que desencadenó el incendio.
A lo largo de la década de 1990, todas las condiciones mencionadas anteriormente continúan su curso, asentándose el contexto de inestabilidad, pobreza, crisis y violencia que vive el país; abriendo las puertas para la victoria del chavismo en 1998.
Década de 2000 a 2009: consolidación y expansión criminal, cambio de sistema
Entre el año 2000 y el 2009 el proceso de crecimiento delictivo descrito antes, continúa y se acelera agresivamente.
Esta década está caracterizada por dos grandes tendencias: en la política, el movimiento chavista asciende al poder, dando inicio a la “Revolución bolivariana”, la cual trae consigo grandes transformaciones y conflictos dentro del país.
La segunda es el inicio de la mayor bonanza petrolera en la historia del país, la cual comienza en el año 2004, hasta el 2012. Ambas tendrán importantes efectos en el fenómeno criminal.
Como elemento diferenciador a la década anterior, la bonanza petrolera marca el comienzo de numerosos programas sociales, aumento del Estado, contrataciones públicas, entre otros mecanismos; que disminuyen la pobreza por ingreso. Sin embargo, paradójicamente, el incremento de recursos en las calles y la disminución de la pobreza, contrario a ayudar a solventar el problema, lo potencian. La impunidad y la inefectividad institucional produce una explosión delictiva sin precedentes en la historia del país, pues la delincuencia aumenta sus beneficios a un costo menor.
Tras la llegada del chavismo al poder, se precipita radicalmente la decadencia institucional que se arrastraba desde décadas anteriores. Los problemas tradicionales como la corrupción y la ineficiencia no sólo incrementan, sino que se le añaden otros como la desprofesionalización en todos los niveles, el uso de los organismos para tareas que no les corresponden, además de un agresivo proceso de partidización política.
A pesar del incremento sostenido de la inseguridad, el gobierno lo trata de forma contradictoria. En términos discursivos, su narrativa varía entre negar el problema y adjudicar la preocupación de la población y el aumento de las cifras de criminalidad a campañas mediáticas opositoras; o reconocer su existencia, adjudicándolo a los vicios y vestigios del capitalismo y la cuarta República. De acuerdo a esta última narrativa, la inseguridad iría desapareciendo en la medida que aumentaran las misiones sociales y la revolución se consolidara en el poder. Al no existir una consideración real sobre el problema, el mismo es tratado de forma ambigua e improvisada.
Tales contradicciones se ven reflejadas en la falta de claridad y planificación en las políticas de seguridad. En los primeros 10 años de gobierno, el Ministerio de Interior cambia de ministro 11 veces y en el mismo período se implementan 17 planes de seguridad distintos, que en la mayoría de los casos no están alineados entre sí, además que se ejecutan a costa de descartar las iniciativas anteriores. La inexistencia de continuidad en las políticas de seguridad impide un tratamiento acertado e integral del problema, lo cual contribuye a su avance. De hecho, el abordaje del problema delictivo transita de forma pendular entre la inacción institucional y la reactividad policial, que se traduce en encarcelamientos masivos y ejecuciones extrajudiciales.
Sistema carcelario: fortaleza criminal
Entre 2000 y 2009 hubo 110.589 asesinatos a los que se suman centenares de miles de secuestros y agresiones, además de millones de hurtos y robos. Para el final de la década, las prisiones son bastiones delictivos totalmente controlados por los carros.
A diferencia del crimen que acontecía en las calles en la época (improvisado, desordenado, anárquico); en las cárceles, la ausencia de autoridad del Estado propició que grupos de presos se organizaran para llenar el vacío de poder. En contraste con el hampa en las calles, los carros se convirtieron en organizaciones jerarquizadas, con división de roles y decenas de miembros, cuyo fin es el dominio de la prisión (o partes de la misma).
Los carros están comandados por un “pran” o “principal” que es el líder de la banda. A él le siguen sus “luceros” que es su grupo de confianza que funciona como brazo armado y se encarga de hacer cumplir las órdenes dictadas desde arriba. Dentro del territorio que controle el carro (que puede ir desde un pabellón hasta la totalidad de la prisión), toda la población penal está bajo su dominio.
Mediante la violencia extrema controlan todos los aspectos de la vida y el funcionamiento a lo interno de los penales, desde aspectos logísticos como el abastecimiento y mantenimiento de la prisión, pasando por temas administrativos como el régimen de visitas y traslados; hasta aspectos culturales como el vocabulario y la conducta. Su poder económico se constituye gracias al cobro de las “causas” y “revoluciones” que son impuestos dirigidos a los reos para permitirles vivir y tener negocios dentro de la prisión, respectivamente.
Gracias a la corrupción, pudieron ingresar armamento de guerra a las cárceles, lo que sumado a la proliferación de este tipo de organizaciones dentro del sistema penitenciario, disparó la violencia de forma descontrolada, pues dentro de cada prisión pueden existir varios carros que se disputan el control de la misma, lo cual genera incontables guerras que causan centenares de muertos y heridos cada año. A ello se suman los muertos y heridos causados en el ejercicio de su autoridad, pues el incumplimiento de sus órdenes o “luces”, es penado mediante castigos físicos o ejecuciones.
Por un lado se convierten en centros de comando y control, pues desde la cárcel se ordenan y gestionan delitos en las calles, como extorsiones y sicariatos. Por otro lado, los penales se convierten en universidades delictivas, ya que la incompetencia judicial hace convivir a presos inocentes o de baja peligrosidad, junto a criminales de alta peligrosidad; lo cual hace que en muchos casos los primeros no sólo aprendan, sino que se incorporen en los delitos de los segundos; aplicando dichos conocimientos y prácticas en las calles una vez que cumplen sus condenas.
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