«Mismo musiú con diferente cachimbo». Este refrán popular ilustra a la perfección lo ocurrido con las polémicas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), cuya disolución en 2022, en supuesto acatamiento a las recomendaciones formuladas por la entonces alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no fue tal.
La denuncia figura en el informe especial que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela presentó el pasado 20 de septiembre en Ginebra, Suiza.
En el reporte, de 61 páginas de extensión, se afirma que el Gobierno venezolano no suprimió la instancia policial a la que distintas instancias nacionales e internacionales implicaban en casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y desapariciones forzadas, sino que simplemente le cambió el nombre y la rebautizó como Dirección de Actuaciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
«La Misión también tiene motivos razonables para creer que existe una continuidad entre las FAES y la DAET», se lee en el documento, elaborado a partir de entrevistas con víctimas de los abusos cometidos por los agentes de la FAES, así como con exfuncionarios tanto de ese organismo como del no menos cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La disolución de las FAES jamás se oficializó, por ello, desde el movimiento venezolano de derechos humanos la puso en duda desde el primer momento. En cambio, sí fue oficialmente inaugurada la DAET en julio de 2022, conformada por divisiones especiales de acción inmediata.
Motivos para sospechar
Una de las principales razones por las que la MDH cree que las FAES continúan operando, aunque bajo el nombre de DAET, es que «ambas instituciones tienen funciones similares y utilizan el mismo modus operandi».
A esta conclusión arribó la instancia de la ONU tras investigar siete de las llamadas operaciones Trueno, operativos contra el crimen organizado ejecutadas por agentes de la unidad especial desde 2022 y en las que contabilizó 72 fallecidos y 345 detenidos.
En este sentido, recibió información de que se produjeron irregularidades como:
Acordonamiento de barrios (en zonas populares) con la orden a los vecinos de quedarse en sus casas.
Los agentes fueron contra objetivos previamente seleccionados.
Las acciones ocurrieron a primera hora de la mañana o a última de la noche.
Los registros a las viviendas se realizaron sin órdenes judiciales.
Las víctimas fueron separadas de sus familiares.
Se registraron casos de maltrato.
Muchos de los agentes que participaron en las acciones tenían la cara cubierta e iban vestidos de negro.
Se registraron casos de hurto de bienes en las viviendas registradas.
Los fallecidos en los operativos presentaban disparos a quemarropa en áreas vitales.
Las autoridades presentaron los decesos como resistencias a la autoridad o enfrentamientos, aunque la última vez que los vieron, los testigos indicaron que las personas estaban inmovilizadas o desarmadas.
La MDH no pasó por alto que la mayoría de estos procedimientos no arrojó la detención de ninguno de los criminales buscados por las autoridades.
Otra razón para sospechar que las FAES simplemente sufrieron un maquillaje es que muchos de sus integrantes, «algunos de los cuales fueron identificados como implicados en manifiestas violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa la humanidad, desempeñan ahora funciones clave dentro de la cadena de mando de la nueva Dirección». En el reporte se menciona a directivos de las FAES y que ahora están al frente de la DAET.
En su informe, la MDH también denunció que la nueva unidad se ha visto involucrada en persecución contra la disidencia. Como prueba mencionó el caso del líder sindical y militante del partido opositor Bandera Roja, Néstor Astudillo, quien fue detenido arbitrariamente en julio de 2022 por liderar las protestas contra el cuestionado instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
«Los cuatro agentes que llevaron a cabo la detención vestían chalecos con distintivos de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) (la DIP es una de las instancias fusionadas con la DAET), quienes ingresaron por la fuerza a la vivienda de Astudillo sin presentar ninguna orden de detención ni de allanamiento».
Esto se lee en el informe, que además concluyó lo siguiente:
«La conversión de las antiguas FAES en DAET tampoco supuso un cambio en la forma de operar de sus componentes y efectivos tanto en el marco de operaciones de seguridad contra el crimen organizado como en el marco de la represión selectiva de personas opositoras o percibidas como tales. En el caso de las operaciones de seguridad, la Misión tiene motivos razonables para creer que el modus operandi en las Operaciones Trueno coincide, en términos generales, con los modos de actuación de las OLP/OLHP (Operación Liberación del Pueblo o Operación de Liberación Humanista del Pueblo) y de los operativos de las FAES de lucha contra la criminalidad».
Una tendencia
La acusación de la MDH respecto a que las FAES continúan operando es otra prueba de que las autoridades venezolanas no tienen una voluntad genuina de poner en práctica las recomendaciones que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos le han formulado en los últimos años a fin de mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país.
En el reporte, la Misión de la ONU constató que instancias nacionales, como la Defensoría del Pueblo, «no han tomado ninguna acción institucional ante (sus) informes» ni tampoco «en relación con los informes y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016».
Las autoridades desacatan las sugerencias de los organismos internacionales e incumplen los compromisos asumidos ante instancias como la del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. Una evidencia de ello es que en los distintos ciclos se ha comprometido a garantizar la independencia judicial o mejorar la situación de los privados de libertad, algo que evidentemente no ha ocurrido.
Hoja de ruta
En el informe también se presenta a las autoridades 18 recomendaciones para reformar a la DAET y asegurarse que esta unidad no siga siendo un foco de violación de los derechos humanos.
Una de las propuestas es la siguiente:
«Llevar a cabo un proceso de verificación (vetting) del personal adscrito a la DAET a todos los niveles, incluyendo mandos altos y medios, para asegurar que ninguna de estas personas haya estado involucrada en violaciones y delitos tal y como fueron documentados por la Misión, e iniciar las investigaciones pertinentes para asegurar que dichas personas rindan cuentas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos».
Otra es asegurarse de que «las fuerzas de seguridad estén reguladas por leyes que describan claramente sus facultades, establezcan mecanismos de supervisión y se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe de la Misión de Determinación de Hechos echa por tierra lo que se antoja como un intento de las autoridades por hacer creer a los organismos internacionales de protección de derechos humanos que toman nota de sus recomendaciones. Una jugada que formaba parte de la estrategia para impedir una eventual investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre lo ocurrido en el país que pone de manifiesto que más bien esta es necesaria, pues solo una investigación independiente y profesional permitirá esclarecer los hechos acontecidos en Venezuela y ayudar a reparar a las víctimas.
El reporte también expone cómo las reformas legales y administrativas adoptadas por el Gobierno para supuestamente adecentar a los organismos policiales y al sistema de administración de justicia son claramente insuficientes y no atacan la raíz de los problemas denunciados.