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Este viernes, 6 de octubre, se marcará un hito en la historia reciente del país, ya que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá enfrentar un juicio en el marco de un proceso judicial que lo involucra en presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá.
Por semana.com
Este es el primer caso en Colombia en el que un expresidente llega a estas instancias judiciales, y la decisión llega a 24 días de las elecciones regionales, lo que podría tener un impacto significativo en la arena política del país.
La determinación del tribunal se dará a conocer en una audiencia pública a la que Uribe está citado a las 2:00 p. m., y en la cual se ratificará la decisión del Juzgado 41 Penal de Conocimiento, de no precluir el proceso.
Aunque la Fiscalía aún tiene tiempo para presentar el escrito de acusación contra el expresidente Uribe, una vez se conozca el fallo, se espera que se radique este documento para llevarlo a juicio. La decisión del tribunal llega después de cinco meses de estudio y lleva la ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz.
La audiencia judicial contará con la presencia del expresidente Uribe y sus abogados, Jaime Granados y Jaime Lombana, así como de otras partes involucradas en el caso, como el senador Iván Cepeda Castro, el exfiscal general Eduardo Montealegre, el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo Torres y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron reconocidos como víctimas en el proceso.
Este caso es singular, ya que el expresidente Álvaro Uribe pasó de ser denunciante a acusado en circunstancias excepcionales. Uribe había señalado previamente a los congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba de buscar testimonios en su contra en prisiones, supuestamente a cambio de beneficios.
Sin embargo, el proceso dio un giro inesperado cuando Uribe fue acusado de ser él quien habría sobornado testigos para que declararan a su favor mediante su abogado Diego Cadena, quien al parecer actuó sin el visto bueno del expresidente.
Además, se han producido situaciones inusuales a lo largo del proceso, como la interceptación de su teléfono por parte de la Corte Suprema de Justicia, aparentemente debido a una confusión con el número del congresista Nilton Córdoba.
En agosto de 2020, el magistrado César Reyes ordenó que Uribe cumpliera arresto domiciliario, tras renunciar a su escaño en el Congreso. Con el levantamiento de su fuero parlamentario, el caso pasó a manos de la Fiscalía, que inicialmente no encontró mérito para acusarlo y presentó una solicitud de preclusión del proceso.
En octubre de 2022, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Fernando Cárdenas, presentó una segunda solicitud de preclusión, argumentando que no existían pruebas de que Uribe hubiera autorizado el soborno a testigos por parte del abogado Diego Cadena.
Sin embargo, la jueza encargada no aceptó estos argumentos y señaló que había elementos para suponer que Uribe tenía conocimiento de los ofrecimientos hechos por Cadena en cárceles del país.
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