«¡Te vamos a hacer abortar! ¡Para que no tengas hijos terroristas!». Mientras una adolescente embarazada era obligada a saltar delante de todos ellos, los militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Comando Regional número 2 de Mérida, la acompañaban con sus palabras obscenas. Todo sirve en el esquema de crueldad aplicado por el chavismo para controlar las protestas tras el megafraude del 28-J.
Por Daniel Lozano / El Mundo
La chica sólo tiene 16 años y forma parte del grupo de 118 adolescentes, entre 13 y 17 años, de las clases más populares y humildes, detenidos en medio de una ola represiva que no se recordaba en América Latina desde los tiempos del dictador Augusto Pinochet. Maduro, convertido en el Herodes de la revolución, ha roto todos los récords: tras la rebelión cubana del 11-J más de 40 menores pasaron por sus cárceles. Tres años después, 29 chicos y una joven sufren todavía medidas cautelares, incluso en correccionales.
«Victoria toca cuatro (instrumento del folclore venezolano) y guitarra, le gusta componer canciones. Es una niña muy noble, muy humanitaria. Me gustaría que Victoria regrese a casa, tiene 16 años. Salió a caminar el 29 (día después del fraude) con sus primas y fue retenida. Está recluida en un centro para menores, no he podido verla. Liberen a Victoria, para tener a mi hija en casa. Necesito a Victoria en casa», suplicó Carmen Morillo en un testimonio que ha conmovido a Venezuela. La chiquilla, una más entre las 15 chicas detenidas, es estudiante de Quinto de Bachillerato y forma parte de la Orquesta Sinfónica.
«La gran mayoría de los 118 siguen privados de libertad con delitos como instigación al odio y terrorismo, sólo algunos han sido liberados incluyendo la muchacha embarazada de Mérida. Son personas de muy bajos recursos. Fueron detenidos en su mayoría porque estaban en las calles, pasaban por la manifestación o protestaron pacíficamente. Se detuvo masivamente a todo el mundo, incluidos los menores y discapacitados. No importó a quiénes se llevaban por delante», precisó para EL MUNDO Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. Hasta ayer, transcurridos 18 días de su detención, un niño de 13 años permanece bajo arresto para un total de 1.406 detenidos verificados por el Foro Penal. La mayoría permanece en la prisión de Yare 3.
Esta organización de derechos humanos, clave para conocer la situación de los prisioneros políticos en Venezuela, registró 305 antes de que comenzaran las protestas, una cifra ahora pulverizada. «Ya varios de los menores califican como presos políticos, porque la detención es arbitraria y la privación de libertad es formal o pasó el tiempo de presentarse al tribunal», confirmó Romero a este periódico. Los encargados de cumplir las órdenes presidenciales son los más obedientes de la justicia chavista, con el fiscal general Tarek William Saab a la cabeza, protagonista de una deriva sin freno: ayer aseguró muy convencido que los principales partidos de la oposición, incluido el de María Corina Machado, proceden de una secta satánica.
En la persecución contra menores le acompañan la famosa fiscal Katherine Harrington, actual presidenta del circuito judicial de Caracas y quien llevó la acusación contra Leopoldo López, que además está sancionada por Estados Unidos desde hace una década por violar derechos humanos; y el juez Joel Monje, que está sentenciando en persona las privaciones de libertad temporales contra los chicos.
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