“Nunca en la vida me habían pagado tanta plata como en esta cruzada contra el fascismo”, confesó un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a sus más cercanos. La satisfacción reina entre los agentes revolucionarios ante las suculentas recompensas aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro a quienes luchan contra la “secta satánica” que ha tratado de imponer un “cyber golpe de Estado”, según la narrativa bolivariana.
Por: El Mundo
El chavismo ha puesto en marcha un sistema de dádivas para recompensar a la maquinaria de la represión que tiene como objetivo aterrorizar a la sociedad venezolana para que deje de protestar por el megafraude electoral del 28J, el mayor en la Historia de América Latina. Todos quienes participan en la persecución y detención de dirigentes opositores, activistas de la sociedad civil y ciudadanos que participaron en la defensa del voto tienen una diana chavista sobre sus cabezas.
Hasta el momento, el Foro Penal ha comprobado y certificado 1.500 detenciones de las 2.500 adelantadas por Nicolás Maduro, aunque dirigentes y organizaciones regionales consultados por EL MUNDO aseguran que son más. Sólo en Trujillo, emblemático estado de la Venezuela profunda, otrora revolucionario y de los primeros en acoger de forma multitudinaria a la caravana de la libertad de María Corina Machado, los seis centros de detención habilitados para el plan terror del gobierno albergan a cientos de presos, en torno a 800 según distintas fuentes consultadas.
En el principio de la cadena represiva aparecen los dirigentes y militantes revolucionarios, desde los jefes comunales hasta los famosos “patriotas cooperantes” que tanto cita Diosdado Cabello, número dos de la revolución. Ellos son los encargados de transmitir la información detallada de las víctimas elegidas a los cuerpos de seguridad: nombre, domicilio, teléfono, familiares cercanos y los lugares habituales a los que acude. Se manejan listados con esos nombres, nada de órdenes de detención, que se forjarán después de cada captura. Si una vez transmitida la información se logra secuestrar a esa persona, quienes han suministrado la información recibirán 100 dólares en efectivo. Los encargados de suministrar el dinero en el interior del país son los jefes de partido en cada estado.
La detención ilegal recae en distintas fuerzas, desde la policía política del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que tiene al mando al famoso mayor general Iván Hernández Dala, quien también comanda la Guardia de Honor Presidencial. Protagonismo compartido con la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana, conformada en parte por los restos de las FAES, las “brigadas de extermino” como las calificó Naciones Unidas.
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