ABC: Ministerio Público pide 10 años de prisión para adolescentes detenidos en protestas poselectorales

ABC: Ministerio Público pide 10 años de prisión para adolescentes detenidos en protestas poselectorales

Familiares de venezolanos detenidos tras las elecciones presidenciales de julio protestan frente a la sede del Tribunal Supremo, en Caracas. Reuters

 

 

“Mami, me duele todo, no me abraces. Me golpearon horrible y me sembraron”, dice un adolescente de 17 años cuando su madre intentó abrazarlo al encontrarlo en el Palacio de Justicia de Valencia, Estado Carabobo, tres días después de las polémicas elecciones del 28 de julio.

Por Ludmila Vinogradoff | ABC

Eran las 3 de la tarde del 31 de julio cuando la madre finalmente halló a su hijo en la audiencia de presentación del tribunal, tras haberlo buscado por las cárceles y hospitales de la zona porque no había regresado de comprar unos pañales para su bebé de siete meses.

Los nombres de los menores de edad y sus familiares se mantienen bajo el anonimato por recomendación de los cuerpos policiales y las ONG de derechos humanos para evitar las represalias en los centros de reclusión.

De los 58 niños que continúan todavía detenidos durante las protestas que estallaron por el fraude electoral de Nicolás Maduro del 28 de julio, hay unos 11 que han sido enjuiciados este jueves en Valencia.

La fiscalía ha solicitado una pena de 10 años por los delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. En estos casos se agregó el uso indebido de uniformes e insignias militares.

De acuerdo a declaraciones de los padres de los menores, los agentes policiales obligaban a los adolescentes a que se vistieran con los uniformes y botas e insignias militares para luego acusarlos de conspiradores terroristas.

El grave error del adolescente de 17 años fue correr al ver a los policías. “Fue un impulso, se asustó. Uno de los funcionarios efectuó dos disparos, al segundo se paró. Le quitaron los pañales, lo tiraron al piso y le cayeron a patadas, le quitaron los zapatos y lo obligaron a ponerse unos uniformes de policías. Eran funcionarios de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana”, relató la madre.

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